El enfrentamiento entre la Casa Rosada y un sector del Poder Judicial se cobró hoy un nuevo capítulo cuando el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, denunció a la procuradora del Tesoro por malversación de caudales públicos a raíz de la denuncia que efectuó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir.
Se trata de la encendida defensa que realizó la funcionaria Angelina Abbona, que presentó un escrito en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal alegó que la denuncia de Nisman no fue una acusación de Estado si no que involucraba a funcionarios particulares. De este modo, la procuradora del Tesoro habría utilizado las arcas públicas para defender los intereses particulares de la Presidenta.
Moldes es uno de los fiscales que lideró la marcha del silencio. En su presentación sostuvo que cuando Abbona presentó el escrito de defensa a Cristina todavía no existía la causa judicial porque la mandataria no se encontraba imputada.
"De todo esto se infiere que el estudio de la denuncia, la preparación de la invectiva que rechaza su argumentación y su presentación judicial se realizara antes de conocer qué harían las autoridades judicialesllamadas legalmente a resolver sobre el destino de aquélla”, sostuvo Moldes el escrito. “Ese apuro y esa labor no justificada constituyen un desvío o una distracción indebida de los servicio del Estado Nacional en favor de las personas mencionadas hasta entonces", publicó el sitio Infobae.
El letrado insistió en que "el carácter de funcionarios públicos de algunas de las personas mencionadas por el fiscal Nisman no explica ni justifica lo actuado por los firmantes de la presentación, pues las normas que ellos mismos invocan como sustento de su intervención habilitan a la Procuración del Tesoro a la representación y defensa de los intereses estatales y no a la defensa -material técnica y política como en este caso- de quienes temporalmente ejercen cargos públicos por los delitos que pudieren haber cometido durante su ejercicio".
La denuncia será investigada por el juez Sebastián Casanello. El delito formal que Moldes le imputó a Abbona es de peculado, que está contemplado por el artículo 261 del Código Penal. Por esta figura se establecen penas de reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua para los funcionarios que emplearen en provecho propio o de un tercero los servicios de la administración pública.
