El regreso del kirchnerismo/peronismo al poder trajo una esperada embestida contra buena parte de los jueces federales de Comodoro Py, que durante el gobierno de Mauricio Macri tuvieron el récord de acusaciones y prisiones preventivas contra funcionarios, empresarios y dirigentes ligados a la administración de Cristina Kirchner.
Alberto Fernández (y Cristina, por supuesto) encasilló ese accionar judicial en el marco de una persecución política sofisticada, coordinada entre algunos medios de comunicación, los jueces y Macri, pero orquestada en la región por Estados Unidos.
La lista de “víctimas” del lawfare tanto para Fernández como para Cristina la encabeza la propia vicepresidenta. Pero también para algunos kirchneristas la integran Amado Boudou y la dirigente social Milagro Sala, entre otros. Algunos no mencionados por Fernández se anotan igual, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, que acaba de ser liberado tras recibir una excarcelación.
“Nunca más jueces que persiguen de acuerdo a los vientos políticos”, disparó Alberto en su asunción, después y durante la apertura de sesiones. En estos primeros meses surgieron dos proyectos que hicieron inquietar, y en algunos casos renunciar, a miembros del Poder Judicial.
Uno es la reforma a las jubilaciones de privilegio y el otro, la fusión de la Justicia Federal porteña con la ordinaria, con el aparente único objetivo de diluir el poder de Comodoro Py, donde por jurisdicción tramitan las causas contra la política. Esa combinación de proyectos, para fuentes judiciales provoca un efecto deseado para el kirchnerismo: la paralización de algunos juicios orales que inquietan sobre todo a Cristina. Es que el cambio a las jubilaciones, por un lado, genera la renuncia anticipada de algunos jueces, pero por el otro dificulta la cobertura de las vacantes por la reforma judicial, que todavía no fue presentada.
“Postergar el juicio es la única opción para alguien que ya está destinado a sentarse en el banquillo de los acusados”, aseguran en los tribunales en alusión a juicios que complican a la vicepresidenta, como el de obra pública o Los Sauces y Hotesur, que también involucra a su familia.
La reforma judicial afecta solo a una pequeña parte del Poder Judicial, pero es quizá la parte que más preocupa a la política, que tiene domicilio en Buenos Aires, y se somete al juicio de unos pocos magistrados.
Pero esa reforma, de la cual no se conoce la letra chica, demoraría mucho en surtir efecto si se tiene en cuenta que de los 63 juzgados que tendría ese fuero penal único, treinta están vacantes. Si se anulan los concursos que ya se hicieron, porque más de la mitad de esos juzgados no son federales sino ordinarios, puede haber planteos de inconstitucionalidad. Y los nuevos concursos demorarían más tiempo aún.
Por eso en Tribunales están convencidos de que habrá un cambio en paralelo al reglamento interno del Consejo de la Magistratura, que ahora preside el camarista Alberto Lugones, que al asumir cuestionó cómo se habían llevado a cabo los procesos, en especial el de Boudou.
Corte. Mirando de arriba la situación está la Corte Suprema que, a la apertura de sesiones, envió a dos de sus cinco representantes, sin mayores argumentos ni explicaciones para los faltazos. En una dinámica más “colegiada” y menos personalista, como dicen algunos, la Corte se encolumnó, de todos modos, contra la embestida del Poder Ejecutivo, pero en silencio. “No vamos a responder por Twitter. Sacamos el año pasado 29 mil causas. De todo tipo. Del fuero previsional al penal. ¿Es más importante Milagro Sala que un jubilado que necesita un medicamento?”, se atajan en el máximo tribunal. Es justamente allí donde se tramita un recurso de Sala y de donde puede salir si ella queda en libertad o sigue en prisión domiciliaria. Pero hasta las quejas públicas de Cristina no parecen incomodar demasiado a los miembros de la Corte que, por distintas razones, en esta batalla están unidos.
