La puja entre el gobierno nacional de Javier Milei y el Congreso por las auditorías de las universidades nacionales se intensificó en las últimas semanas. Fue tras el pedido del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, para que la Auditoría General de la Nación (AGN) se encargue de revisar las cuentas de las casas de altos estudios en lugar de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), entidad que responde al Poder Ejecutivo. En respuesta, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, confirmó que en el 2025 se auditarían las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología de la UBA.
Durante una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, su titular, el diputado Miguel Pichetto, sugirió que se conforme un equipo especializado para presentar los informes en un plazo de seis meses. Pichetto anunció que la comisión sesionaría todas las semanas hasta el cierre del año parlamentario y que evaluaría el próximo martes el Programa de Acción Anual (PAA) 2025 diseñado por la AGN.
Olmos abogó por “un trabajo mancomunado” con el Congreso al afirmar que la AGN no pretendía ser “una isla institucional”. Agregó: “El objetivo es generar un sistema de control necesario sobre los recursos que dispone el Estado para su administración, fondeado por los impuestos de los ciudadanos”.
El titular de AGN también reveló que, al asumir, realizó una evaluación sobre el trabajo de la AGN y destacó: “El factor tiempo de los informes es algo que siempre es para revisar. Muchas veces la atemporalidad convierte los informes en antropología institucional”.
En relación con la capacidad de producción de informes, Olmos explicó que, mientras la AGN puede generar de 180 a 190 anualmente, los planes anteriores estimaban entre 400 y 450. Para 2025, se incluyeron 296 proyectos nuevos, una reducción comparada con los 440 del año pasado. Además, Olmos aclaró que se excluirían auditorías de proyectos sin inicio, con bajo avance o de organismos eliminados.
Ampliación de la auditoría y la polémica sobre la autonomía universitaria
Olmos mencionó que el PAA 2025 incluyó temas de interés para el Parlamento, como el equipamiento en defensa y seguridad, la política alimentaria, la gestión de reservas de oro del Banco Central y la administración de CAMMESA.
Respecto a las universidades, destacó que la AGN auditaría 12 universidades nacionales, con la Facultad de Medicina de la UBA en primer lugar debido a su envergadura en términos de recursos, alumnos y docentes. “Fue una propuesta surgida de miembros de la comisión y del colegio de auditores”, indicó Olmos, además del pedido explícito del rector Gelpi.
Olmos enfatizó que “sobre la autonomía universitaria lo más importante es lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19”. Subrayó que la AGN realizaría el control externo, mientras que la SIGEN se ocuparía del control interno a través del Poder Ejecutivo.
Durante el intercambio, el senador Juan Carlos Romero criticó la demora en las reuniones de la Comisión Mixta y expresó su deseo de que los informes de la UBA estuvieran listos en seis meses. Romero también señaló que la UBA debería haber sido auditada en 2021 y que el retraso actual impede una cobertura completa de sus finanzas.
Los legisladores continuaron con sus intervenciones. El jefe de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, calificó de apropiado que la AGN priorizara temas centrales y pidió revisar la deuda, a la que consideró “fundamental”.
Juliana Di Tullio, senadora peronista, aseguró que la UBA mostró disposición para ser auditada, lo que, según ella, “destierra la teoría de que las universidades no quieren ser auditadas”. En tanto, el senador radical Flavio Fama manifestó que las universidades son un “mundo enorme y diverso” y pidió que se incluya a la Universidad Nacional de Catamarca en el plan de auditoría.
El titular de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, valoró que la AGN “jerarquice la palabra auditoría” y denunció que el término se usaba como excusa para implementar recortes en sectores vulnerables del Gobierno. Martínez indicó que la situación actual afecta a las universidades públicas, además de programas como Potenciar Trabajo, la política alimentaria y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Al cerrar la reunión, Pichetto reafirmó que la auditoría de la UBA sería una prioridad en los primeros seis meses de 2025. Propuso establecer un equipo especial que inicie sus tareas el 1 de febrero para obtener un informe preliminar en el menor tiempo posible. Añadió que la intención no era detectar malversación, sino “ver cómo están las universidades”. Olmos respaldó la propuesta y anunció que la AGN también auditaría la Subsecretaría de Políticas Universitarias para evaluar la distribución de recursos entre las universidades.
Por último, el auditor Alejandro Mario Nieva recordó que “no se puede auditar a todo el Estado todo el tiempo”. Nieva explicó que la metodología de la AGN se basaba en un sistema de muestreo y señaló que hacía tiempo no se realizaban auditorías de la Secretaría General de la Presidencia.
Graciela de la Rosa, auditora de la AGN, informó que en agosto se firmó un convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional para mejorar las auditorías integrales de las universidades, algunas de las cuales requieren más de un año para completarse.
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