POLITICA
el segundo semestre judicial

El testimonio de CFK y las vacantes de la Corte, en agenda

Después de la feria se retomará el trabajo en varias causas pendientes y en otros asuntos que deben resolverse por afuera del ámbito de la Justicia, entre ellos los dos lugares en la Corte Suprema y el avance del sistema acusatorio. Cristina Kirchner declarará como testigo en el juicio por el atentado en su contra en 2022.

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Atentado. Uno de los acusados del ataque a la expresidenta, Fernando Sabag Montiel. | NA

A partir de mañana y tras dos semanas de pausa por la feria, vuelve a reanudarse la actividad judicial y el foco político estará no solo en Comodoro Py, lugar donde se investiga a la corrupción y con varios juicios a reiniciar que tiene en la mira a diversos sectores sociales sino también qué va a ocurrir con las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, donde el Gobierno pretende avanzar con dos candidatos, uno de ellos proveniente de la justicia federal.

Hay gran expectativa por la posible vuelta de la expresidenta Cristina Kirchner a los tribunales federales de Retiro, esta vez no como imputada sino como testigo en el juicio por el atentado en su contra en septiembre de 2022. La exmandataria tendrá que declarar como víctima del hecho pero hasta el momento se desconoce si lo hará de manera presencial o remota.

La Justicia le brinda la posibilidad de atestiguar de cualquiera de las dos formas, pero de ir a Comodoro Py, podría estar en el mismo espacio cara a cara con Fernando Sabag Montiel, quien en su indagatoria sin titubear dijo: “Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muriera” y a su vez negó haberle contado de sus planes a Nicolás Gabriel Carrizo.

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Por otra parte, Cristina Kirchner aguarda la decisión de la Cámara Federal de Casación en la única causa donde fue condenada, se trata de “Vialidad”, donde el Tribunal Oral Federal número 2 dispuso para ella la pena de 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración por haber beneficiado a la firma Austral Construcciones, en su momento encabezada por el empresario Lázaro Báez con la adjudicación de varias obras en la provincia de Santa Cruz que no fueron finalizadas.

Las condenas fueron apeladas por varias defensas y por el fiscal Diego Luciani, quien reclamó que a la expresidenta se le sume el delito de asociación y se le agrave la condena. Tras diversas audiencias llevadas adelante por la Sala IV de Casación, la defensa de Fernández de Kirchner insistió con su inocencia y reclamó su absolución.

Precisamente Lázaro Báez aguarda otra importante decisión judicial. En los próximos días se conocerá la decisión del Tribunal Oral Número 4 en el juicio conocido como “El Entrevero”, donde el exsocio comercial de los Kirchner está acusado de haber comprado un lujoso campo en Uruguay para lavar 50 millones de dólares.

Situación casi similar es la que vive el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien podría sumar su tercera condena o su segunda absolución. Hay mucha probabilidad de que la próxima semana el Tribunal Oral Federal Número 2 realice la audiencia donde el exfuncionario tendrá la oportunidad de brindar sus últimas palabras en el juicio en su contra por haber manipulado datos del Indec respecto a la inflación entre marzo de 2006 y agosto de 2007. Durante su alegato la fiscalía reclamó que lo condene a 4 años de prisión e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.

Fuera de tribunales, la mirada se centra en dos importantes impulsos del gobierno nacional relacionados con la Justicia. La primera es la expansión del sistema acusatorio en la Argentina que empezará a regir a partir del 1° de agosto en Mendoza.

El sistema acusatorio es parte de la reforma del Código Procesal Penal Federal aprobado a finales del año 2018, le otorga un rol preponderante al Ministerio Público a la hora de investigar de delitos federales como el narcotráfico, lavado y contrabando o la trata de personas, entre otros, porque será la fiscalía quien promueva la acción penal.

El sistema que empodera a los fiscales rige en las jurisdicciones federales de Salta, Jujuy y desde principios de mayo de este año es implementado en la ciudad de Rosario y otras localidades de la provincia de Santa Fe como herramienta para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Tres semanas después la atención se centrará en el Congreso de la Nación, donde la Comisión de Acuerdos del Senado realizará la audiencia pública en la que el juez federal Ariel Lijo, candidato por el Gobierno para miembro de la Corte Suprema, defenderá su postulación para la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco.