El Gobierno nacional se encamina esta semana a sufrir un nuevo golpe con la sanción definitiva en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario que lo vuelve a enfrentar a la alternativa del veto presidencial. Es que de acuerdo a la visión del oficialismo, esta ley también pondría en riesgo el objetivo de déficit cero que persigue el equipo económico y que ya lo llevó al veto completo a la ley jubilatoria.
Por requerimiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche, la Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un informe al que tuvo acceso PERFIL en el que se estima que el gasto total de la ley para el ejercicio vigente sería de $ 738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI. De esa cifra, la mayor proporción, que es del 0,08% del PBI corresponde a la actualización de los salarios del personal docente y no docente, de acuerdo al estudio.
Se trata de una cifra sensiblemente menor a la calculada por el mismo organismo sobre la actualización de la normativa jubilatoria, en donde se estimó un gasto equivalente al 0,44% del PBI de este año y entre el 9,69% y 1,25% del producto de 2025. Para esta última, el veto ya fue ejecutado, para la otra la amenaza se mantiene vigente.
Con respecto al financiamiento de universidades, el proyecto en revisión establece que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Allí establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante ese período, uno de los puntos que genera mayor rechazo de parte de los libertarios.
El último jueves se constituyó en el Senado la Comisión de Educación con Eduardo “Wado” De Pedro, quien ya convocó a un plenario junto con Presupuesto y Hacienda para el martes a las 16.30. Según comentaron fuentes parlamentarias, la intención es sacar dictamen ese mismo día para forzar su incorporación para una sesión que estaría prevista para el próximo jueves 5.
En el temario de proyectos a debatir ese día hay dos proyectos de Martín Lousteau vinculados no solo al financiamiento sino también a la emergencia educativa, otro del propio De Pedro, también de la senadora Silvia Sapag y del pampeano Daniel Bensusán. La amplitud de propuestas no significa la intención de incorporar cambios, lo que haría regresar el texto nuevamente a Diputados, sino la voluntad de sumar consensos y reunir los votos para una eventual sesión el jueves.
Acompañado por Guadalupe Tagliaferri del PRO, Lousteau y otros senadores de la UCR recibieron el jueves a una docena de representantes de universidades nacionales que le manifestaron la “grave situación presupuestaria” que atraviesan.
El apuro de la oposición tienen que ver con que la ausencia del Presupuesto 2024 no permitió que se actualizaran los números destinados a la educación superior y el mecanismo para el pago de los sueldos de los docentes, por lo que pretenden sacar lo antes posible la sanción definitiva. A cuatro meses de la finalización del año, el oficialismo cree que el debate debe volcarse de lleno al Presupuesto 2025, pero no tiene la fuerza suficiente en el Senado para frenar la embestida opositora, aún menos con la salida de Francisco Paoltroni del bloque que quedó con seis integrantes.
“Ya es evidente para todo el mundo que el interés que tienen los radicales de la Internacional Socialista no es precisamente para mejorar la educación. Los países exitosos son exitosos porque no tienen políticos que son salteadores de caminos”, le retrucó “Bertie” Benegas Lynch a Lousteau, haciendo alusión no solo a la cercanía del radical a los más altos estratos universitarios sino también a movidas estratégicas en el Senado, como el acuerdo con los K para quedarse al frente de la Bicameral de Inteligencia.
