Después del receso legislativo, el oficialismo abrirá la discusión sobre el capítulo electoral que quedó pendiente de la ley Bases original.
En un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, el 6 de agosto comenzará la discusión en torno a varios proyectos vinculados con “ficha limpia”, que impiden la posibilidad de ser candidatos para cargos electivos a quienes tengan condenas por corrupción.
Será una primera ronda de discusión con invitados para explorar distintas variantes sobre las que todavía no hay acuerdo, como por ejemplo qué instancia judicial de la condena será válida para que un candidato quede inhabilitado.
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El paquete electoral es uno de los que tienen mayor urgencia para el Gobierno ya que debe ser aprobado antes de fin de año, en la previa a 2025, instancia electoral de recambio legislativo. Es que precisamente uno de los temas que busca impulsar el Gobierno es el fin de las PASO, o al menos la eliminación de la obligatoriedad del voto para la instancia previa a los comicios generales. Para los partidos como el radicalismo y el PRO, que definieron la mayoría de sus boletas de los últimos turnos electorales con ese sistema, el tema no termina de cerrar. Como parte de la discusión que se avecina, el diputado de Hacemos Coalición Federal (HCF) Oscar Agost Carreño presentó un proyecto para replicar a nivel nacional el sistema de elección de vice que se utiliza en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que en las primarias solo se elija al postulante presidencial y no la fórmula completa, de manera tal que una vez definido el ganador pueda elegir ahí a su compañero de binomio, entre los que podría ser incluido su contrincante que perdió.
El proyecto de “ficha limpia” tiene consenso a nivel parlamentario al igual que la posibilidad de avanzar con la boleta única de papel, que tiene media sanción de Diputados y que restaría una decisión política para darle curso en el Senado, donde no tuvo tratamiento durante este año.
Otra de las aristas a tratar en la reforma del oficialismo será el financiamiento de los partidos políticos, un tema muy sensible vinculado a la transparencia que pone en el foco la intención del Gobierno de aumentar el tope de aportes de privados y la reducción del financiamiento del Estado.
