El Gobierno rescindió contratos de 71 oficinas por 2.300 millones de pesos anuales
A través de la jefatura de Gabinete, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) comunicó que los contratos fueron cancelados a nivel nacional. La mayoría fueron firmados por Alberto Fernández.
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Télam
El gobierno de Javier Milei anunció la rescisión de contratos para más de 70 oficinas en todo el país, lo que generará un ahorro anual de casi 2.300 millones de pesos, según informó la jefatura de Gabinete, dirigida por Guillermo Francos. La decisión fue en línea con la política de "motosierra y licuadora" que el presidente libertario implementó para reducir el gasto público.
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la administración libertaria comunicó que avanzó en una reducción significativa de los contratos de alquiler de oficinas utilizadas por diversos ministerios. Esta medida, destacaron desde la cartera, forma parte de una política orientada a la optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos.
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Según precisaron fuentes oficiales, se dieron de baja 71 contratos de alquiler, lo que resultará en un ahorro mensual de $191.518.251 y anual de $2.298.218.220. El Gobierno consideró que esta reducción contribuye significativamente a la disminución del gasto público, y anunció la implementación de nuevos controles en los procedimientos de alquiler para maximizar la eficiencia de los recursos estatales.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete.
Entre los contratos rescindidos se incluyen 23 en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad de Buenos Aires, además de oficinas en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Con respecto a los trabajadores, las oficinas cerradas albergaban a más de 3.500 empleados de diversos organismos estatales, como la Secretaría de Turismo y Deporte, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, INADI, ENARGAS, ENACOM, entre otros.
Según se informó, "en la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional".
Además, la cartera dirigida por Francos indicó que el Ejecutivo nacional tiene la intención de continuar con esta política de achicamiento del estado.
En esa línea, se prevé la rescisión de 106 contratos de alquiler adicionales en los próximos 12 meses. Así lo afirmó el titular de la AABE, Nicolás Pakgojz, indicando que estas medidas forman parte de "un plan más extenso para la optimización de recursos".
De acuerdo con la información proporcionada por el equipo del jefe de Gabinete, todos los contratos de alquiler que se rescindieron fueron firmados durante la administración deAlberto Fernández, específicamente entre 2021 y 2023. La mayoría de estos contratos no fueron renovados al concluir su período vigente.
