Superado el conflicto con las empresas de medicina prepaga, y con teléfonos abiertos con el sindicalismo, el Gobierno afinó el lápiz y trazó tres objetivos concretos para las obras sociales. Mientras discute con los gremios el futuro de aquellas entidades prestadoras de salud más pequeñas, que desde la óptica oficial deberían estar en el mercado sin demasiado respaldo estatal.
El área que regula y controla a las obras sociales nacionales y a las firmas de medicina prepaga es la Superintendencia de Servicios de Salud que hoy está en manos de Gabriel Oriolo, un exintegrante de OSDE que conoce cómo funciona el sistema y que, con el diálogo de todos los actores involucrados, quiere revisar los términos y condiciones del Programa Médico Obligatorio (PMO), que incluye todas las prestaciones que la obra social o prepaga tiene que cubrir de manera taxativa, cualquiera sea el plan de salud.
También, se verá con lupa lo que sucede con las prescripciones de precio alto (como medicamentos, dispositivos, procedimientos) que también reciben asistencia estatal. Además de auditar el funcionamiento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), como adelantó PERFIL, fuentes libertarias remarcan que se abre una etapa en la que es necesario “revisar y reformular” los programas y presupuestos vigentes para que sean más “eficientes y sostenibles”.
Y no replicar, como argumentan, lo hecho “en los últimos años: lo único que se hizo fue dar prestaciones sin ningún tipo de control ni explicación sobre cómo se financiaban”. Los interlocutores que escuchan estas propuestas, subrayan desde la Casa Rosada, quedan conformes y dispuestos a intercambiar miradas. Una voz de la CGT agrega que es necesario que se conforme una mesa técnica con las compañías proveedoras.
Por otro lado, en Balcarce 50 creen que es imprescindible que se agilicen los pagos a prestadores que dependen de los fondos del Estado ya que la SSS le abona a las obras sociales a los 20 días de la presentación de facturas y las entidades retienen ese dinero por 60 días. Un dirigente cegetista señala que en realidad, las demoras las genera el oficialismo, con depósitos que no aparecen en el período correspondiente.
Hay otro punto sin entendimiento con gremios: el futuro del SUMA, un fondo dirigido a subsidiar obras sociales que se modificó en abril por decisión de la gestión libertaria. Antes, un 20% de ese presupuesto se dividía en partes iguales entre todas las obras sociales con más de 5 mil afiliados y el 80% en forma directamente proporcional al número de beneficiarios.
Esto favorecía a aquellas obras sociales con menos de 5 mil afiliados. Desde abril, por decisión de LLA, el fondo se distribuye en forma directamente proporcional al número de afiliados de cada obra social o agente de seguro de salud para que “compitan” libremente. Y si no pueden competir, según el Gobierno debería cerrar, un escenario que rechazan los sindicatos.
Existen cifras que grafican el panorama que exponen en el oficialismo: una obra social de 4.400 afiliados recibía 22 mil pesos de subsidio por persona, lo que significa unas 30 veces más que una de más de 100 mil afiliados. En números concretos pasará de recibir 98 millones de pesos a 3,7 millones. Hasta mayo de 2024, figuran 306 obras sociales que recibieron dinero gracias al SUMA.
