Dos días después de los incidentes registrados en la marcha en apoyo a los jubilados frente al Congreso de la Nación, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich. En la presentación, la funcionaria pidió el apartamiento de la jueza Karina Andrade, que ordenó la liberación de los detenidos y apuntó contra dos intendentes kirchneristas y el exlíder montonero Mario Firmenich, entre otros.
La denuncia fue radicada ante la Justicia Federal y señala como posibles responsables de los hechos a Firmenich, a los jefes comunales bonaerenses Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), y a “grupos organizados” que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores en la movilización a la que también asistieron hinchas de fútbol, barras, gremios y otras organizaciones.
Además, el Ministerio cuestionó la decisión de la jueza Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, quien ordenó la liberación de 114 detenidos al sostener que las aprehensiones no cumplián “los requisitos mínimos” y considerar que se veía afectados derechos constitucionales fundamentales, como el de protesta y la libertad de expresión.
“La organización de la movilización, destinada –según lo informado por diversos medios periodísticos– a provocar disturbios enfrentando a la policía y generar represión, implicaría la participación de los intendentes de La Matanza y de Lomas de Zamora, debido a que –como dijimos– en sus municipios se concentraron una parte de los manifestantes que concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos y tenemos elementos de juicio que permiten sostener que han financiado la movilización”, señala la presentación.
En ese sentido, afirmaron que hubo “consignas que avizoraban el ejercicio de conductas violentas por grupos organizados de barras bravas de diferentes parcialidades deportivas como Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors y Tigre”, entre muchas otras, a quienes acusaron de supuestamente recibir dinero para generar los incidentes frente al edificio legislativo.
“Esos grupos actuaron clara y evidentemente en forma organizada, movilizando un gran número de personas que ejercieron actos de violencia de extrema gravedad. Los agresores arribaron munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos) armas de fuego, clavos de tipo “miguelito” para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, causando daños y lesiones”, precisa el escrito.
También apuntaron contra Firmenich por convocar a la “movilización a través de un video, aparentemente grabado en España, que se viralizó en redes sociales” y aseguraron que el principal organizador de la convocatoria habría sido Leandro Capriotti, quien sería un “amigo y protegido” del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo, líder del gremio gastronómico y hotelero (Uthgra).
Al justificar el pedido para apartar a la magistrada, la denuncia expresa que “se advierte un grave incumplimiento a las normas procesales penales en vigencia” por haber liberado a los detenidos. “Por tales razones estamos evaluando la presentación de una denuncia penal por los delitos de Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos, con la pertinente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostiene la presentación.
En ese línea, solicita que se disponga la “declaración de incompetencia por el sistema de ‘inhibitoria procesal’ contra la jueza Andrade, ya que los hechos allí investigados son un conjunto de acciones directamente relacionadas con los tipos penales ahora denunciados”. Al mismo tiempo, el legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso presentó un pedido ante el Consejo de la Magistratura porteño para que se investigue el accionar de Andrade ante la liberación de los detenidos.
