El Gobierno formalizó el examen que se debe aprobar para ingresar a trabajar en el Estado

El Gobierno de Javier Milei avanza con la reglamentación de la Ley Bases y, entre otras secciones de la normativa, este lunes se oficializó la Evaluación General que se deberá aprobar para ingresar a trabajar en la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de la reglamentación del Capítulo IV, que aborda el Empleo Público, y que había sido criticada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los detalles del examen fueron indicados en el decreto 695/2024 y anunciados por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que mediante una publicación en su cuenta de la red social "X" comentó que persigue tres objetivos centrales: "Acelerar la MOTOSIERRA, implementar un mecanismo ANTI-ÑOQUIS en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos ANTI-COIMAS".

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"La explicación requiere detallar los cambios registrados en tres instrumentos: las facultades delegadas, la ley de empleo público y la ley de procedimientos administrativos", agregó el funcionario, mientras que consideró que esta medida constituye la respuesta del presidente Milei al mandato "que recibió en las urnas y que hoy se pueden implementar gracias a haberse logrado la aprobación del Congreso Nacional".

El titular de la cartera de Desregulación, comentó que la sanción parlamentaria fue "generosa en las delegaciones" porque permite al Estado "adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública" y además lo "faculta a cerrarlo", sino figura en una lista de excepciones.

"Estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados. El primero, que cierra definitivamente el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación", aseguró.

Mecanismo "anti-coimas"

En su hilo de la plataforma antes conocida como Twitter, el ministro explicó que se modificó la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 para "primordialmente a reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano".

"Se instaura el proceso de silencio positivo para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. Ante un pedido de autorización, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado", escribió al decir que antes el "funcionario podía cajonear el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo" y ahora se aprueba automáticamente.

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También mencionó que antes un funcionario podía "extorsionar" a una empresa con una multa, que se debía "pagar antes de cuestionarla". "Las multas disciplinantes fueron un mecanismo muy común durante el Kirchnerismo: amenazar o imponer multas delirantes para silenciar cualquier disenso. Eliminar esta potestad es devolverle capacidad de defensa al ciudadano", afirmó.

Mecanismo "anti-ñoquis"

El también exdirector del Banco Central durante el macrismo señaló que se trata de una medida "anti-ñoquis" al hacer modificaciones en la Ley de Empleo Público 25.164. En esa línea, mencionó que los fines son "mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado".

Mientras el Gobierno libertario está en un proceso para "achicar" la planta de trabajadores públicos, Sturzenegger dijo que se diseñaron "mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo" mediante un "examen objetivo de competencias".

"El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora. Solo podrá proseguir el proceso de contratación quien obtenga una nota superior a la de corte", agregó. También afirmó que esa nota no tendrá "interferencia humana" para evitar "repetir la estrategia desarrollada por el Kirchnerismo en su retirada de minar al Estado de militantes sin las competencias básicas para sus tareas".

Por otro lado, adelantó que se endurece el régimen disciplinario para "brindarles más poder a los funcionarios para sancionar conductas de incumplimiento de los empleados", se determina la "obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro" y se reglamenta el proceso de disponibilidad.

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Sobre este último punto, aclaró que cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad, durante un periodo en el que cobrará el sueldo -por hasta 12 meses- y en el cual podrá capacitarse. "Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado generando una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores", cerró.

La evaluación para ingresar a trabajar en el Estado

El texto publicado en el Boletín Oficial sostiene que "sin perjuicio del régimen de selección que oportunamente se establezca, para la acreditación de la idoneidad y con carácter previo y obligatorio, se deberá aprobar una Evaluación General de conocimientos y competencias, diseñada y reglamentada a tal efecto por la Autoridad de Aplicación, la que será anónima".

"A tal fin, se utilizará un procedimiento para que cada persona evaluada sólo pueda ser individualizada luego de su calificación. La Autoridad de Aplicación determinará el puntaje mínimo requerido para la aprobación del examen y la cantidad de intentos que se podrá rendir", precisa.

Y finaliza: "La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo descentralizado al que corresponda el cargo concursado o sujeto a proceso de selección será responsable de la verificación del cumplimiento de los recaudos establecidos en el presente artículo, así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública".

FP/fl