La Cámara de Diputados de la Nación acordó un dictamen de mayoría en comisiones para el nuevo proyecto de "Ficha Limpia", que busca impedir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos. La semana que viene se trataría en el recinto.
Este debate se dio en un contexto de reconfiguración de fuerzas dentro del Congreso, con el oficialismo en negociaciones con el PRO y la oposición fragmentada en sus posturas sobre esa reforma. En el medio, todas las miradas apuntan directamente a la figura de Cristina Fernández de Kirchner.
El dictamen del Gobierno fue acompañado por el PRO y, en disidencia, la Coalición Cívica, la UCR e Innovación Federal. Encuentro Federal y los radicales de Democracia presentaron cada uno su propio dictamen de minoría, así como la Izquierda y Unión por la Patria (UP), que impulsó la continuidad de la legislación vigente, donde solo cuenta la ratificación de la Corte Suprema de Justicia para prohibir una candidatura.
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El proyecto de "Ficha Limpia" propone que quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos de corrupción, como enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos o cohecho, queden inhabilitados para postularse a cargos electivos. De esta manera, una eventual candidatura por Unión por la Patria de la expresidenta no podría hacerse efectiva porque el 13 de noviembre pasado recibió la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad. No obstante, para eso debería ser aprobado tanto en Diputados como en el Senado.
La iniciativa ya ha sido impulsada a finales del período legislativo de 2024 sin éxito, con un polémico desenlace donde La Libertad Avanza le soltó el apoyo a la medida que impulsaba el PRO. La reacción de algunos sectores llevó a acusar un "pacto de impunidad" del Ejecutivo con Cristina Kirchner. En este caso y por una promesa que dejó el propio Javier Milei, ahora contaría con un respaldo creciente en distintos sectores políticos.
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El debate en comisiones
La jornada de este miércoles estuvo centrada en el debate dentro de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, donde los legisladores analizaron el texto del proyecto, las posibles modificaciones y su viabilidad jurídica. Desde el oficialismo, se sostiene que la norma es fundamental para fortalecer la transparencia en el sistema político y desalentar la participación de figuras con antecedentes de corrupción.
Por su parte, sectores de la oposición expresaron diferentes posturas. Algunos bloques como la Coalición Cívica apoyan la propuesta, argumentando que es una medida necesaria para recuperar la confianza en las instituciones. Otros legisladores plantean dudas sobre la constitucionalidad de la inhabilitación basada en una condena en segunda instancia, considerando que podría vulnerar el principio de presunción de inocencia.
El bloque de Unión por la Patria hay un predominio en la cámara alta, por lo que se espera que a pesar de poder conseguir media sanción en Diputados, al gobierno y el PRO, impulsores de este proyecto, le sería difícil lograr su aprobación final.
Por su parte, Pablo Juliano, presidente del bloque de Democracia, señaló que el proyecto “es malísimo”. Y fundamentó: “Concibe jueces del poder y no de la Constitución. ¿Cómo un juez, de acuerdo a la fecha de su fallo, va a tener un impacto en los derechos político de cualquier ciudadano? Es un disparate”.
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La iniciativa también fue adoptada en algunas provincias y municipios del país, donde se implementaron normativas similares para restringir la postulación de condenados por corrupción. Esto llevó el debate a nivel nacional, con el objetivo de unificar criterios y establecer un marco común en todo el territorio argentino.
La discusión en la Cámara de Diputados podría darse en las próximas semanas, donde cada bloque definirá su postura y el oficialismo intentará sumar los votos necesarios para su aprobación. En caso de que la iniciativa prospere en Diputados, deberá ser tratada posteriormente en el Senado para su sanción definitiva.
JD / Gi