El Ministerio de Salud de la Nación dispuso la intervención del Hospital Nacional en Salud Mental y Adicciones "Laura Bonaparte" y aseguró que lo hizo con el objetivo de garantizar la atención de los pacientes y recuperar el normal funcionamiento del establecimiento. La medida, adoptada tras una serie de denuncias y reclamos por irregularidades en la gestión del centro, fue oficializada esta semana y responde a una evaluación que identificó problemas de "sobredotación de personal" durante la gestión de Alberto Fernández, mal manejo de fondos y baja eficiencia en la utilización de los recursos.
Del otro lado, trabajadores, pacientes y hasta algunos ciudadanos se acercaron a criticar las medidas porque entienden que los despidos que se realizaron hasta el momento no optimizarían los procesos como dice el gobierno sino que ya afectaron el servicio para los más vulnerables.
El interventor designado, Mariano Pirozzo, es un médico neurocirujano con experiencia en gestión sanitaria, que se desempeñó e en instituciones como el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce y el Hospital IOMA “Gabriela Carraquiriborde”. "Su misión principal será implementar un plan de reestructuración que optimice los recursos del hospital, especializado en salud mental y adicciones", según informaron desde el oficialismo.
El gobierno denuncia irregularidades bajo la gestión de Alberto Fernández
De acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Salud, durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández ingresaron 326 empleados, lo que incrementó considerablemente la plantilla del nosocomio. Esto incluyó, entre otros casos, la incorporación de ocho nutricionistas que atendieron un promedio de cuatro consultas diarias, ocho odontólogos que promediaron un paciente por día cada uno, y 12 profesionales de medicina integral que gestionaron 27 consultas diarias en conjunto, lo que equivale a poco más de dos consultas por profesional. Asimismo, el hospital cuenta con 38 consultorios externos que, aunque tienen capacidad para atender a 912 pacientes por día si operaran a plena capacidad, actualmente registran un promedio de solo 191 personas diarias.
La situación también se vio agravada por la existencia de 23 empleados asignados al área de mantenimiento, a pesar de que también se había contratado a una empresa externa para realizar estas tareas. Además, en la residencia de Salud Mental Comunitaria se identificó la presencia de 54 residentes y 22 docentes, cifras que también fueron consideradas desproporcionadas en relación con la demanda efectiva de los servicios, siempre según la versión del gobierno.
Según informó el Ministerio, las irregularidades en el manejo de los fondos no se limitaron a esta presunta sobredotación. Parte de los recursos destinados al hospital fueron utilizados para financiar prestaciones cuyos valores estaban inflados, generando un importante desbalance financiero. En este contexto, la cartera sanitaria avanzó en la revisión de contratos de servicios tercerizados. Se detectaron sobreprecios y negociados espurios en áreas como limpieza y seguridad, cuyos ajustes permitirán un ahorro estimado del 35% y 45%, respectivamente, lo que se traduce en una reducción de costos de $760 millones.
En su comunicado, el Ministerio de Salud destacó que el crecimiento desmedido del personal y el mal manejo de los fondos impactaron negativamente en la capacidad de atención y el funcionamiento general del nosocomio. La cartera subrayó que la intervención busca aportar “transparencia y eficacia” y aseguró que cuidar la salud de la población requiere un uso eficiente de los recursos disponibles.
Laura Bonaparte: recorrida por el hospital que el Ministerio de Salud busca reestructurar
Sin embargo, vale destacar que en octubre se conoció la presunta intención de directamente cerrar la institución. Tras la fuerte reacción de pacientes y personal del lugar, el gobierno dio marcha atrás. Meses después, el Ejecutivo vuelve a meterse en ese terreno complicado y ahora con la idea de "intervenir".
El Plan de Eficiencia de Hospitales 2024-2025, liderado por el ministro Mario Lugones, es el que establece parte de estas medidas de intervención en las instituciones de salud del país.
Pacientes y trabajadores del Hospital Bonaparte advirtieron que los despidos afectaron la atención
El Hospital Bonaparte, ubicado en el límite entre los barrios porteños de Parque Patricios y Constitución, había sido objeto de protestas por parte de sus trabajadores tras el anuncio de un plan de reestructuración en octubre pasado. Las medidas incluyeron despidos que afectaron a 200 empleados, según denunciaron gremios y representantes del personal. El Gobierno calificó estas acciones como una "readecuación de la dotación", justificándolas en la necesidad de optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa del hospital.
En las últimas horas jornadas se votó en una asamblea un abrazo al hospital que se hizo masivo, donde trabajadores, pacientes y ciudadanos se acercaron a criticar las medidas. "Están atacando a la población más vulnerable", dijeron algunos de los asistentes que aseguraron que los despidos ya repercutieron en la atención sobre los pacientes.
Mario Lugones, de los negocios y poder en las sombras a ministro de Salud
Asimismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) requirió a la Justicia que habilite la feria y dictó una medida cautelar que frene los despidos por causar una grave afectación al derecho a la vida ya la salud. En un escrito que presentó el lunes pasado, el CELS amplió las razones por las cuales reclama a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que interviene con urgencia en este caso. Graficó el impacto y las consecuencias que tendrá el despido de 200 trabajadores en los servicios de salud que presta el hospital.
De acuerdo a la presentación “servicios críticos como los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia, sufrieron una reducción drástica en sus equipos profesionales y administrativos (en especial médicos y enfermeros) al punto que actualmente se encuentra imposibilitado el funcionamiento adecuado del Hospital , en incumplimiento por parte del Estado Nacional de su obligación de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a prestaciones de salud y brindar atención sanitaria y social integral con el objeto de asegurar a los/as usuarios/as la recuperación y preservación de su salud conforme lo establece el art. 7 de la Ley N° 26.657 de Salud Mental”.
La decisión del Ministerio de Salud implicó una reducción del 27% del personal que presta tareas en el Servicio de la Guardia Interdisciplinaria . “En especial se redujo la cantidad de profesionales médicos y de enfermería afectados a este Servicio, que pasan de 76 a 50 profesionales ”, resaltó el CELS. Como consecuencia en este servicio no se podrá garantizar el funcionamiento operativo las 24 hs. Habrá días y horarios en los que no se contarán con personal de enfermería ni trabajo social ni con psiquiatra ni 2 enfermeros. En determinados horarios nocturnos “no habrá médico generalista”. Y “los sábados de 8 a 20hs no contarán con enfermeros”.
JD / ds
