El Gobierno reveló este lunes la existencia de una red de protección de contribuyentes en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según un informe publicado por el diario Clarín, la organización operaba desde 2016 y tenía como objetivo bloquear el acceso a información sensible de dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerismo y sus empresas.
Entre los nombres involucrados figuran condenados como Alejandro Vandenbroele, sentenciado por el caso Ciccone, y Lázaro Báez, preso por corrupción en la causa Vialidad, según detalló el periodista Bernardo Vázquez.
La protección denunciada abarca un periodo que comenzó en el gobierno de Cambiemos y continuó durante la gestión del Frente de Todos.
Cómo funcionaba la red dentro de la ex AFIP
El esquema consistía en bloquear información clave sobre el patrimonio y movimientos de las personas protegidas, así como de sus activos.
En el sistema informático de la ex AFIP, que almacena datos de toda la población con registros de actividades productivas y obligaciones tributarias, existe una nómina especial con información sensible. Esta categoría incluye personas como el presidente de la Nación, cuyo acceso está limitado a funcionarios de máxima jerarquía.
Sin embargo, según la denuncia, esta lista también incluía a personas vinculadas políticamente que recibían privilegios de manera discrecional.
El origen de la investigación en la ex AFIP
El hallazgo fue realizado por integrantes del actual Poder Ejecutivo Nacional, quienes detectaron la estructura irregular al asumir funciones en la ex AFIP. En esta nueva etapa de gestión, el organismo cambió su nombre a Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Actualmente, ARCA está a cargo de Juan Pazo, quien asumió en reemplazo de Florencia Mizrahi.
Entre los supuestos “intocables” aparecen figuras asociadas al kirchnerismo, como Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y condenado por fraude a la administración pública. También figuran miembros de su familia.
Otro de los nombres destacados es el de Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou. Según la Justicia, Vandenbroele habría facilitado la adquisición del negocio de impresión de papel moneda mientras Boudou se desempeñaba como ministro de Economía.
La primera anomalía fue detectada el 17 de diciembre, cuando funcionarios de la actual gestión solicitaron información sobre una empresa específica y encontraron que los datos estaban bloqueados.
A partir de este episodio, comenzaron a investigar otras empresas bajo el mismo régimen de protección. Los resultados indicaron que alrededor de medio centenar de compañías gozaban de privilegios sin una justificación objetiva.
La denuncia subraya cómo estas prácticas beneficiaron a ciertos sectores durante las últimas dos administraciones, evidenciando irregularidades en el manejo de datos sensibles.
La lista completa de empresas y personas protegidas por la AFIP:
Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, Don Francisco Sociedad Anónima, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Construcciones SA, Valle Mitre, IDEA SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, Kamus SRL, Gotti SA, Sucesión de Biancalani Adelmo, Estrellas del Sur SA, Alternativa SA, M&P SA, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Servicio Integral Alem SRL, Top Air SA. OIL M&S SA, Inversora M&S SA, Báez Luciana Sabrina, Ghione Marcelo Américo, Cabrera Pablo Horacio, Organización Turística Sur SRL, Gutiérrez Víctor Fabián, Electroingeniería SA, Herrera Daniel Osmar, Sanfelice Osvaldo José, Negocios Inmobiliarios SA, Hotel Waldorf SA, Negocios Patagónicos SA, Carnero Santiago, Cifuentes Mario Víctor, Ciccone Nicolás Tadeo, Vandenbroele Alejandro Paul, Forcieri César Guido, Resnick Brenner Ezequiel, Kirchner Florencia, Mercado Romina de los Ángeles, Manzanares Víctor Alejandro y Lakaut SA.
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