Este miércoles, el Gobierno disolvió la Unidad Especial de Investigación dedicada a la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar. El Ejecutivo argumentó que "invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos, afectando así la división de poderes".
Más allá de la fundamentación técnica, es una medida que lleva la marca de la postura de la general de la gestión libertaria sobre la dilucidación de los sucesos ocurridos durante el período del Terrorismo de Estado en Argentina.
La decisión fue oficializada a través del Decreto 727/2024, publicado en el Boletín Oficial, bajo las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La misma se encarga de disolver la Unidad Especial creada en 2004, durante el mandato de Néstor Kirchner.
El Decreto N°715/04, bajo el cual se había creado el espacio, tenía como objetivo reforzar la labor de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada por la Ley N°25.457, a través de la búsqueda e identificación de hijos de desaparecidos, como así también de personas nacidas en cautiverio.
Una vez que se identificaba a las personas, la mencionada Unidad Especial de Investigación se encargaba de restituir su identidad. La misma, gracias al aval del Poder Ejecutivo, tenía facultades de investigación y acceso a archivos públicos.
"El otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional", argumentó por su parte la administración libertaria en la nueva norma, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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El Gobierno argumentó que las herramientas vigentes "violentan" el régimen constitucional y también señaló que con esta decisión esperan que la investigación de los delitos cometidos durante la última dictadura militar se realice dentro del marco legal adecuado, respetando los derechos fundamentales y la privacidad de las personas.
"No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con este, el legislador asigna a órganos específicos del Estado Nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental", remarcó el oficialismo.
A su vez, en la nueva normativa se destacó que la Procuración General de la Nación había creado en 2012 una Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, enmarcada dentro de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El Ejecutivo insistió en que ese tipo de investigaciones deben mantenerse en el ámbito del Poder Judicial e indicaron que con esta derogación buscan "restablecer el equilibrio constitucional".
"La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado", manifestaron desde Abuelas de Plaza de Mayo a fines de junio, cuando se hablaba de la posible eliminación de la Unidad Especial por parte del Gobierno Nacional.
Al respecto, argumentaron: "Como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca, en estos 32 años de existencia de la Co.Na.DI, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas".
AS.
LT.
