El Gobierno nacional oficializó este martes una reorganización en el Ministerio de Economía a través del Decreto 70/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, introduce modificaciones en la estructura del organismo, con la eliminación y fusión de distintas dependencias.
Según indica el decreto, se suprimieron las Subsecretarías de Desarrollo Territorial, y de Hábitat y Vivienda, mientras que la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana; que lidera Sebastián Pareja, armador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires; pasó a depender de la Secretaría de Obras Públicas que asumirá funciones que hasta ahora correspondían a Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.
Políticamente, que esa subsecretaría no se haya disuelto se interpreta como un "salvataje" del dirigente de confianza de la hermana del Presidente.
Con esta modificación, el Ministerio de Economía queda conformado por 14 secretarías y 31 subsecretarías.
La reestructuración implica una redistribución del personal del área eliminada, que podrá ser reasignado o desvinculado según la normativa vigente.
La disolución de la Secretaría conlleva la desactivación de programas como el Procrear, Casa Propia y el Fondo Nacional de la Vivienda, que estaban orientados a la construcción de viviendas. En noviembre de 2024, el Ejecutivo ya había eliminado el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012.
Según el decreto, "la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área".
El nuevo organigrama también contempla la creación de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, que contará con subsecretarías enfocadas en energía eléctrica, combustibles líquidos y gaseosos, así como en planeamiento y transición energética.
Cambios en Industria, Comercio, Transporte y Hacienda
En el ámbito productivo, la Secretaría de Industria y Comercio absorberá las funciones de política industrial, comercio exterior y defensa del consumidor.
La Secretaría de Transporte será reestructurada con subsecretarías especializadas en transporte automotor, ferroviario y aéreo, con el objetivo de mejorar la coordinación y regulación del sector.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda mantendrá su rol en la administración de los recursos del Estado, con énfasis en la relación fiscal entre la Nación y las provincias.
En materia de inversión pública, la Secretaría de Obras Públicas ampliará su ámbito de acción, y asumirá la formulación y ejecución de políticas de infraestructura habitacional, regulación del suelo y desarrollo territorial. También gestionará obras de infraestructura urbana y relevará suelos vacantes en coordinación con organismos nacionales y provinciales.
El decreto introduce, además, un cambio administrativo al eliminar de las competencias de la Secretaría de Obras Públicas el control del ENOHSA, el organismo responsable de obras de acceso al agua potable, disuelto en noviembre de 2024.
Según estimaciones sindicales, la reorganización podría implicar el despido de aproximadamente 500 trabajadores. La normativa específica que "aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto por el decreto 1421/02".
Desde el Ejecutivo, la reforma es presentada como un mecanismo para optimizar el funcionamiento del Estado y reducir el gasto público en estructuras consideradas prescindibles.
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