El Gobierno derogó el DNU de Alberto Fernández que generó el escándalo con los seguros
Se trata del DNU 823/21, el cual obligaba a ministerios y organismos estatales a contratar pólizas con Nación Seguros.
Involucrados. Alberto Fernández junto al broker Héctor Martínez Sosa, pareja de Cantero. |
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Este miércoles el Gobierno derogó el DNU 823/21, que obligaba a los ministerios y organismos estatales a contratar pólizas con Nación Seguros. La medida fue implementada durante la gestión de Alberto Fernández y abrió la puerta a un esquema de corrupción a raíz del pago de comisiones a intermediarios vinculados al expresidente y otros políticos.
La decisión fue oficializada en el Decreto 747/2024, publicado en el Boletín Oficial, bajo la firma del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
"Deróganse los Decretos Nros. 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21", indica el Artículo 1° del documento que deroga el DNU 823/21, el cual fue publicado el 2 de diciembre de 2021 bajo la firma de Fernández, del entonces Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y Martín Guzmán, ministro de Economía de aquella época.
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El documento "consagró la obligación de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N°24.156 de implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en que esa institución opera".
Fue tras una investigación de Clarín que Francos solicitó la derogación del polémico decreto, el cual continuaba vigente incluso cuando la Justicia había apuntado al ex mandatario por movimientos con dichas pólizas del Estado a favor de sus amigos y allegados, principalmente el broker Héctor Martínez Sosa.
El asunto se analizó cuando Nicolas Posse aún estaba a cargo de la Jefatura de Gabinete y el 11 de abril se dictó una resolución que prohíbe la incorporación de "brokers" con los seguros de los organismos del Estado, pero el decreto no se derogó, argumentando que "no era necesario" y que su anulación podría haber perjudicado los convenios en curso.
La nueva medida, por su parte, también dejó sin afecto la obligación del Estado de pagar los sueldos de empleados públicos en el Banco Nación, hacer viajes oficiales a través de Aerolíneas Argentinas y utilizar nafta de YPF. Además, estableció que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N°24.156, deberán presentar en los próximos treinta días hábiles un informe ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio que conduce Sturzenegger.
Alberto Fernández
En la nota oficial se deberán incluir "los contratos o convenios vigentes celebrados en el marco de los Decretos Nros.1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21" junto a "todos los contratos, acuerdos o convenios interadministrativos celebrados con las entidades comprendidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley N°24.156".
"Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N°24.156 deberán rescindir, en un plazo no mayor a un año desde la entrada en vigencia del presente decreto todos los contratos y convenios que dispongan ventajas u otorguen preferencias o beneficios de acuerdo con lo expresado al momento de producir el informe previsto en el artículo 4° del presente", añadió la nueva normativa.
En paralelo, el documento publicado este miércoles señaló que "las referidas jurisdicciones y entidades deberán impulsar procedimientos de selección competitivos y transparentes con el fin de procurar la provisión de bienes o servicios".
La normativa impulsada por el expresidente comenzó a ser analizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la cual se encuentra trabajando bajo las indicaciones del fiscal Carlos Rívolo. Uno de los objetivos es determinar si los 45 contratos de 25 organismos estatales firmados con Nación Seguros se adjudicaron de forma correcta o si fueron direccionados para beneficiar a determinados brokers que percibían comisiones millonarias.
La auditoría de Nación Seguros arrojó que entre 2019 y 2023, Martínez Sosa, broker y amigo del exmandatario que obtuvo 19 de los 45 contratos analizados, recibió 366.635.744 pesos de comisiones, siendo el segundo de los cinco brokers más beneficiados, los cuales acumulan el 80,56% de los pagos realizados por el Estado.
También se encuentran bajo estudio una serie de cooperativas sospechadas de haber oficiado como financieras que habrían permitido que algunos brokers desvíen el dinero, dado que la Unidad de Información Financiera (UIF) sospecha de unos cheques emitidos por 15 millones de pesos, entre otras irregularidades.
