El 10 de diciembre, el Concejo Deliberante del municipio de Iglesia, en San Juan, aprobó una ordenanza que habilita la expropiación de un terreno. En esa propiedad hay una antena que utiliza la Minera Andina del Sol (MAS S.R.L.), una compañía que nació de la fusión de la firma canadiense Barrick Gold con la china Shandong. El argumento de las autoridades fue la necesidad de preservar la infraestructura que sostiene las telecomunicaciones en la zona. Pero no todos están de acuerdo. La familia Leonardi, los históricos dueños de esas tierras, llevan 20 años en conflicto con la multinacional y tienen dos fallos judiciales que los avalan. La noticia de la avanzada municipal, que se hizo en acuerdo con el gobierno de Marcelo Orrego, ratificó sus sospechas: “Fue una maniobra para beneficiar a la empresa y robarnos”, sostuvo Guillermo Leonardi.
La propietaria de las tierras es Irene Leonardi. Cuando en 2003 la compañía comenzó a utilizar la antena, su tío inició los reclamos: envió cartas documento, se reunió con gerentes de la Barrick y con funcionarios de telecomunicaciones. La empresa siempre respondió lo mismo: que ese terreno no estaba dentro de los límites de la propiedad familiar. Años más tarde el hombre tuvo un ACV y su hijo, Guillermo —primo de Irene—, tomó la posta. “Me puse a estudiar el tema y me di cuenta que era una estafa”, dijo en diálogo con PERFIL.
En 2022, Guillermo decidió hacer una mensura —un procedimiento técnico que se usa para identificar, localizar y determinar el terreno sobre el que se reclama un derecho de propiedad minera—. Acreditó que la zona donde estaba la antena era de la familia y en 2022 le envió una carta documento a la compañía para advertir que si no regularizaban la situación iba a hacer uso de la facultad de exclusión prevista en el artículo 1944 del Código Civil. En otras palabras, les dijo que iba a sacar la antena.
La compañía demandó a la familia por considerar que se trataba de una amenaza, pero los Leonardi dicen que ese no fue un problema ya que, en primera y en segunda instancia, la Justicia falló a su favor. Sin embargo, cuando creían que el asunto estaba pronto a resolverse en la Corte provincial, llegó la noticia de la expropiación. “El gobernador Orrego firmó el Pacto de Mayo que propuso Javier Milei. El primer punto habla del respeto irrestricto a la propiedad privada, pero parece que acá se olvidaron”, se quejó Guillermo.
Los Leonardi están dispuestos a hacerse escuchar. No solo están convencidos de que se trata de un avasallamiento a sus derechos en beneficio de la minera, sino que también consideran que se afectan potenciales negocios: la antena está en una cantera de arena que ellos pensaban comercializar con, por ejemplo, las firmas que hoy trabajan en Vaca Muerta.
Más allá de las afectaciones personales y comerciales que denuncia la familia, su historia pone en discusión los supuestos beneficios de los que gozarían ciertas compañías y su nivel de influencia en los poderes locales. Hay dato que pasa casi desapercibido, pero que puede dar una pista sobre para quiénes juegan las autoridades: el abogado que llevó adelante los juicios contra los Leonardi es Sergio Bloise, el jefe de la sección Daños y Perjuicios de la Fiscalía de Estado de San Juan. “¡Es el órgano estatal que llevará la expropiación! —se quejó Guillermo—. Por eso lo denunciamos”.
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Domingo Jofré, miembro de la Asamblea Jáchal No Se Toca, considera que esta historia es "una muestra de abuso de poder e impunidad que asquea". "El gobierno actúa expropiando el terreno para sacarle el problema de encima a la Barrick, así de aberrante. A las coincidencias entre funcionarios públicos y empleados de la empresa también las hemos denunciado. Barrick es la primera colocadora de empleados en el gobierno provincial, y los coloca en áreas cruciales y con misiones específicas, obviamente para manipular los entes estatales en favor de las mineras", aseguró en diálogo con PERFIL.
PERFIL intentó comunicarse con todas las partes involucradas. Desde la Provincia respondieron que las explicaciones corresponden al municipio, pero no delegaron la consulta. Desde el Estudio Bloise contestaron el primer mensaje, preguntaron cuál era el tema en cuestión y no volvieron a comunicarse. Desde la Barrick Gold, emitieron un comunicado oficial.
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"Minera Andina del Sol S.R.L. cuenta con una servidumbre minera que permite el uso de la antena de telecomunicaciones ubicada en un terreno privado a 190 km de su operación minera. La empresa es ajena a toda decisión sobre el terreno, dado que la mencionada servidumbre avala su utilización. Además, Minera Andina del Sol buscó, en numerosas oportunidades, llegar a un acuerdo justo con el superficiario, el que por normativa de aplicación debe guardar relación exclusivamente con la intervención realizada en el terreno e interacción con otros usos productivos que el mismo pudiera tener. Mientras que la vigencia y validez de la servidumbre ha sido recientemente ratificada por la autoridad minera de San Juan, existe un juicio civil en trámite en el que se discute la protección de la antena contra posibles daños ante amenazas recibidas. En dicho proceso judicial se ha establecido una medida cautelar de protección para la antena mientras se resuelve el fondo de la cuestión, lo cual se encuentra pendiente ante la Corte de Justicia de San Juan", dice el comunicado completo.
Los Leonardi cuestionan cada uno de los argumentos de la firma, desde la servidubre hasta la intención de lograr una negociación. Sobre la reciente ordenanza, Minera Andina del Sol S.R.L. no hizo una referencia explícita, aunque sí dejó en claro que la intención es mostrar que nada tuvieron que ver con el proceso. Para los concejales, en cambio, parece haber sido muy importante dejar por escrito que estaban al tanto del litigio y que salvaguardar la utilización de la antena era clave para que la compañía continuara operando en el departamento de Iglesia.
La ordenanza de la expropiación: los detalles
La ordenanza del municipio, conducido por el intendente Jorge Espejo, explica la decisión de expropiar el predio, ubicado en el Cerro Coronel. Allí, dice el texto, “se encuentran instaladas varias antenas de gran importancia para el departamento de Iglesia y la provincia de San Juan en general”. Además, aclara que también será objeto de expropiación “el camino o huella de acceso que conduce al lugar donde ellas se encuentran, lo que abarcaría una superficie total, aproximada, de 55 hectáreas”.
Con respecto a las “varias antenas” —entre las que se encuentran estructuras de Gendarmería Nacional, Defensa Civil, una estación del Inpres, una de Telefónica y otra de televisión—, los Leonardi hacen una aclaración: dicen que es cierto que están, pero que en todos los casos ellos dieron el visto bueno. “Hace poco presentamos una nota ante la municipalidad, la Cámara de Diputados y el gobierno de la provincia diciendo que esas antenas, que sí benefician a la ciudadanía, tienen una autorización de forma perpetua y gratuita. A la que no autorizamos es a la de Barrick”, sostuvo Guillermo.
La ordenanza cita un informe de la secretaría de Infraestructura y Producción del municipio en la que se habla de la “consideración especial que requiere la antena correspondiente a la empresa Minera Andina del Sol (MAS) - Ex Barrick, la cual permite todas las comunicaciones con la explotación del yacimiento minero situado en Veladero, el cual es el emprendimiento más importante a la fecha radicado en el departamento de Iglesia y la provincia de San Juan, a la vez que uno de los más importantes del país”. El texto agrega, además, que la antena resulta “esencial, preponderante e insustituible para la seguridad” de todos los que trabajan alrededor de la mina.
Los Leonardi sostienen que esto es “una mentira”, que “la municipalidad tiene internet por fibra óptica”, que “la única beneficiada es la empresa” y comparten una noticia reciente, de diciembre, sobre la presencia del gobernador Orrego en el lanzamiento de la Red Provincial de Internet, que se hizo en Iglesia.
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En la ordenanza se hace referencia a los Leonardi y al juicio. Se habla de “un particular que se adjudica la titularidad del terreno donde se encontraría asentada la misma, quien ha comunicado a lo medios públicos su intensión desmantelar (sic) la referida antena”, lo que habría llevado a la empresa a "informar públicamente" que si eso sucede “dejaría de operar en el departamento de Iglesia en razón de la falta de comunicación”.
Además de otros informes de distintas oficinas municipales, la ordenanza hace mención al convenio de mutua colaboración entre la provincia y la municipalidad, a través del cual el gobierno de San Juan “se compromete a financiar todos los gastos administrativos y judiciales que demande la expropiación”. En el texto se agrega que la administración que conduce Orrego “se compromete a llevar adelante y tramitar procesalmente el o los juicios de expropiación correspondientes a través de los abogados de la Fiscalía del Estado”, el organismo donde trabaja Bloise.
Abogado del Estado y de la multinacional
El rol de Bloise fue cuestionado por los Leonardi de manera formal. La familia planteó que si el abogado que representaba a la empresa en el litigio judicial también ocupaba un cargo en la Fiscalía de Estado de San Juan había "conflicto de intereses" y una “clara incompatibilidad”, en palabras de Guillermo.
Sin embargo, la respuesta por parte de la Fiscalía de Estado, firmada por Jorge Eduardo Alvo Varela en junio de 2023, fue la desestimación del planteo. En el escrito se recupera el descargo que hizo Bloise cuando fue convocado por este tema. El abogado confirmó que intervenía en el juicio que había iniciado la compañía contra Guillermo “con motivo de las amenazas de daño fehacientes y documentadas”, en referencia al día que el hombre le advirtió a la empresa que iba a sacar la antena por su cuenta, y aseguró que “es una cuestión privada de derecho civil entre dos sujetos particulares”.
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Bloise dijo que no había participado del expediente que se encontraba en trámite en el Ministerio de Minería y que Leonardi solo buscaba “difamarlo con mala fe, ya que la participación de un abogado de Fiscalía de Estado en una causa particular donde no se encuentra en juego el patrimonio de la provincia ni se cuestiona la legitimidad o validez de actos administrativos de Gobierno no puede acarrear una nulidad, perjuicio o delito”. También descartó que el hecho de que MAS S.R.L pague impuestos en la provincia sea razón para hablar de incompatibilidad.
Alvo Varela resolvió a favor de Blois. Reconoció que MAS S.R.L contrata con el Estado sanjuanino y sostuvo, llamativamente, que “si bien no tenemos conocimiento acabado de la causa —en referencia al juicio contra Leonardi—, de acuerdo a lo relatado por ambas partes se trataría de un conflicto entre particulares, donde no es parte el Estado provincial o un ente autárquico”.
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De todas maneras, en el escrito hay una cuestión con la que hoy, a partir de la expropiación, se podría hacer otra lectura. Alvo Varela explicó que el área Contencioso Administrativa atiende los conflictos que se producen cuando se impugnan resoluciones de Ministerio de Minería y del Consejo Minero y que, al menos hasta ese momento, no se había “asignado al dr. Bloise ninguna causa relacionada con dichas reparticiones”. Y agrega: “Con lo cual, no existe riesgo alguno de que actualmente exista una incompatibilidad”. De aquel “actualmente” pasó apenas un año y medio.
Las sentencia a favor de los Leonardi en la Justicia
“Mi perspectiva, en este momento, es negativa. Porque si te tiran el poder del gobierno y el gobernador firma un convenio para que te expropien existe la posibilidad de que la Corte diga que no somos más los propietarios. De todas formas, tengo expectativas porque hasta ahora yo puedo decir, de acuerdo a lo que falló la Justicia en primera y segunda instancia, que tengo razón”, aseguró Guillermo.
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La primera jueza que se pronunció a favor del planteo de los Leonardi fue Adriana Tettamanti. La magistrada del Contencioso Administrativo no sólo resolvió que la antena estaba dentro de la propiedad de la familia sino que, según declaraciones a la prensa, “la empresa minera, a través de sus apoderados, interpuso distintos recursos tratando de dilatar el proceso” y habló de “inconducta procesal” y “mala fe”. Por ese motivo, intimó a la compañía a pagar 960 mil dólares en concepto de daños y perjuicios.
La firma, en primera instancia, había argumentado que tenía una servidumbre minera que le permitía la autorización de la antena. Tettamanti no acreditó la existencia del trámite. Leonardi, además, agrega: “Si la tuvieran no cambiaría demasiado porque la servidumbre te da derecho de paso para llegar de un lugar a otro, pero no a instalarte y disponer del lugar. Para eso debés tener un usufructo o algún otro contrato, tal y como sucede con las miles de antenas que están en toda la Argentina”, dijo.
MAS S.R.L. apeló la sentencia. Los jueces de la Sala I de la Cámara Civil, Carlos Fernández Collado, Abel Soria y Elena de la Torre, revocaron la sentencia de primera instancia, quitaron la multa millonaria, pero coincidieron con la primera jueza en que los equipos habían sido instalados en el inmueble de un particular.
El caso llegó a la Corte de San Juan. Sin embargo, antes de que el máximo tribunal provincial se expidiera, las autoridades decidieron expropiar las tierras. La historia, de todas formas, continuará.
GL/fl
