El Gobierno vetó la ley de movilidad jubilatoria, tal y como lo había adelantado el presidente Javier Milei. El anuncio se realizó a primera hora de este lunes 2 de septiembre a través del Boletín Oficial, con la publicación del decreto 782/2024, con el que el Ejecutivo dejó sin efecto el proyecto que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso. El Parlamento, no obstante, avanzará esta semana para intentar dejar sin efecto la decisión del jefe de Estado.
El presidente libertario había firmado el veto durante el fin de semana, tras reunirse con diferentes diputados de La Libertad Avanza y este lunes su decisión fue reafirmada en el Boletín Oficial, junto con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; la Canciller, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Russo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En los considerandos de la normativa, el Gobierno libertario empleó como argumento el gasto extra que representaría en las arcas estatales la implementación de la ley, indicando que significaría un gasto no proyectado en el Presupuesto de alrededor de $6.160.000.000.000 para 2024 y de $15.430.000.000.000 para 2025.
"La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración. La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa", se indicó en el texto oficial.
En la norma desde el Ejecutivo aseguran que "de dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina", dado que "significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos".
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"El proyecto de ley sancionado padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación", se agregó. Luego se indicó que se trata de un gasto que "por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año", implicando "más emisión, deuda, inflación y pobreza".
Por último, en la normativa se considera que "la crisis del sistema previsional argentino no es un fenómeno reciente, sino que lleva décadas sin ser resuelta". Y responsabiliza por dicha cuestión a los gobiernos previos, en particular a la estatización de las AFJP durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Durante la tarde del pasado jueves 22 de agosto, la oposición logró sancionar por dos tercios del Senado la ley de movilidad jubilatoria que recomponía en un 8,1% los haberes jubilatorios e incluía una nueva fórmula. Dicha medida obtuvo la aprobación en la Cámara alta con 61 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención.
No obstante, pocas horas después desde el Ejecutivo anticiparon que vetarían la medida aprobada por el Poder Legislativo. "El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria", expresaron desde la Oficina de la Presidencia a través de un comunicado lanzado tras una reunión del mandatario con los principales referentes de su equipo económico.
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