En un operativo realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en colaboración con el Ministerio de Seguridad, se detuvieron a 14 prófugos de la Justicia que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral. Entre los detenidos, algunos tenían antecedentes penales graves, incluyendo causas por robo agravado y tentativa de violación.
ANDIS informó que, tras identificar a los beneficiarios prófugos, se convocó a quienes residían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Buenos Aires (PBA) para llevar a cabo la auditoría correspondiente. "Se inició el procedimiento de baja inmediata de las pensiones que recibían del Estado Nacional, como parte de un esfuerzo más amplio para combatir la impunidad y el uso indebido de recursos destinados a personas con discapacidad laboral", informaron en un comunicado.
El titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, confirmó que el Gobierno nacional avanzará con la baja de 200 mil pensiones por discapacidad por presuntas irregularidades en el cobro de la asistencia. Este número podría aumentar a medida que finalice el proceso de auditorías de las 1.250.000 asistencias que se otorgan actualmente. Spagnuolo indicó que se están haciendo esfuerzos para optimizar el sistema, que, según él, es inviable en su estado actual.
Desde diciembre de 2023, la administración del presidente Javier Milei recibió 20.000 nuevos pedidos de pensiones y tiene en estudio 600.000 casos. La asistencia actual establece una cobertura de $220.024, lo que representa aproximadamente el 70% de una jubilación mínima. Además, ANDIS redujo el porcentaje de discapacidad requerido por beneficiario, que anteriormente alcanzaba el 76% y ahora es del 66%.
El Gobierno anunció entonces que pondría en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 de beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio. Sospechan que cerca de medio millón de pensiones podrían ser “truchas”.
Así lo dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni: “A diciembre de 2023 la cifra se ubicó en más de 1.223.000 beneficiarios, un número estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.
Durante la entrevista, Spagnuolo también mencionó que las auditorías revelaron irregularidades en el otorgamiento de pensiones, particularmente en provincias como Chaco, La Rioja, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, que serán las primeras en ser auditadas. Los requisitos para la obtención de una pensión se han restringido, estableciendo que los solicitantes deben ser argentinos o, en el caso de extranjeros, tener una residencia de al menos 10 años y no estar en conflicto con la Justicia.
ANDIS inició auditorías "caso por caso" de las asistencias otorgadas en los últimos cuatro años y planea revisar todas las ayudas registradas, con resultados esperados para mayo de 2025. Spagnuolo destacó que, en gestiones anteriores, el proceso para obtener pensiones era demasiado laxo, lo que permitía la emisión de certificados de forma irregular.
Por último, se mencionó que hay una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fernández y su antecesor, Fernando Galarraga, relacionada con la gestión de las pensiones. En el marco de estos esfuerzos, el Gobierno busca controlar y transparentar el sistema de pensiones para garantizar que los recursos se destinen adecuadamente a quienes realmente los necesitan.
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