El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este jueves 3 de abril, a través de su cuenta oficial de X, que decidió suspender el giro de fondos que se estaba realizando a organismos de derechos humanos: “Cortamos otra caja millonaria en derechos humanos. Los organismos de derechos humanos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de ex-ESMA: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes. Decidimos suspender todos los pagos hasta que no realicen las rendiciones de cuentas. Saludos”, publicó.
El recorte es sobre el presupuesto destinado a 13 organismos de derechos humanos y la administración del predio de la exESMA. Esta medida se enmarca en la política de recorte del gasto público impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en medio de su conflicto con los organismos de DDHH, cercanos políticamente al kirchnerismo y a los partidos de izquierda.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron se trata de una maniobra para vaciar las políticas de memoria y hostigar a los organismos de derechos humanos. A principios de enero, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ya había advertido que el Gobierno de Milei buscaba “cerrar la ex-ESMA”, tras producirse despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria que funcionan allí.
La cartera que dirige Cúneo Libarona disminuyó un 37 por ciento su planta de personal el año pasado, lo que implicó, según la versión del Gobierno, un ahorro mensual de 820 millones de pesos.
Los organismos de DD.HH. denunciaron que los fondos son para sueldos
“Ante la información difundida por el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona acerca del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA), desde el Directorio de Organismos de Derechos Humanos nos vemos en la necesidad de aclarar que la administración de los fondos del Ente Público tripartito en todas sus actuaciones cuenta con las firmas de las tres partes integrantes, que incluyen a la de Ciudad de Buenos Aires y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños”, publicaron los organismos.
“Además, señalamos que los fondos suspendidos momentáneamente por decisión del Ministerio de Justicia de la Nación corresponden casi en su totalidad a los salarios de los 176 trabajadores y trabajadoras, a través de quienes se sostienen a diario las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. El texto cierra expresando: “Esperamos que la situación presupuestaria pueda normalizarse rápidamente para garantizar los sueldos del personal”.
