El Gobierno presentó una contrademanda contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) y le solicitó a la Justicia que le de orden a la casa de altos estudios de rendir cuentas en forma documentada ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre los fondos públicos transferidos desde el Tesoro de la Nación.
El titular de la SIGEN, Miguel Blanco, y el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, firmaron un escrito donde le pidieron a la Justicia que la universidad "cumpla con el artículo 59 de la ley de Educación Superior número 24.521 y para encuadrar su autarquía económico financiera en el marco de lo establecido por la ley 24.156" de Administración Financiera.
En el documento se explicó que se "procura verificar la aplicación de los recursos girados por el Tesoro Nacional en el marco de la actividad propia del control interno, complementando el control externos que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN)".
"No se pretende auditar planes de estudio, ni su contenido, ni la designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, ni designar el auditor interno de la UBA, cuestiones totalmente ajenas al objetivo de las auditorías de la SIGEN", se aclaró también en la demanda.
La contrademanda del Gobierno se presentó en el marco de la batalla judicial donde la Justicia debe definir si acepta la cautelar de la UBA que busca prohibir la auditoría de cuentas.
Fue este lunes cuando el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, ratificó su rechazo a la auditoría de gastos por parte de la SIGEN y anticipaban que desde la casa de altos estudios se presentarían ante la Justicia en contra de la medida, lo que se realizó posteriormente a través de un escrito con su firma.
La presentación de la UBA dio pie a que inicie la batalla judicial sobre quién debe ser el auditor externo de la institución. Desde la universidad también denunciaron a la reglamentación de la ley de Administración Financiera establecida en 2007 durante la presidencia de Néstor Kirchner, la cual autoriza a la SIGEN a auditar las universidades públicas.
Otro debate que se presentó apunta a saber si las universidades son autónomas, como indica la Reforma Universitaria de 1918 y la reforma de la Constitución de 1994, y autárticas en la medida en la que perciben fondos del Tesoro Nacional.
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