El Gobierno cierra el año con encuestas positivas y goles muy festejados, como “la domada” de la inflación y el tipo de cambio, tal como mencionó Javier Milei. También mira el panorama judicial. Pero muestra un lado B: no construyó acuerdos para motorizar su tan promocionada agenda parlamentaria y quedó envuelto en una disputa con sus aliados que le ofrecieron oxígeno a lo largo de 2024.
El Presidente y su entorno festejaron el primer aniversario de su arribo a la Casa Rosada con euforia y bajo la certeza de que lograron superar todas las expectativas previas. “Lo que más me gustó de mi primer año de gobierno fue la domada a la inflación y al tipo de cambio”, confesó el líder libertario ante PERFIL, consciente de que su administración pasa por su mejor momento y que una buena parte de la sociedad, de acuerdo con diversos sondeos de opinión pública, aprueba sus pasos.
No obstante, pese a esta fortaleza, tuvo derrotas en el final del año legislativo, sin posibilidad de discutir en el recinto el Presupuesto 2025 y con la caída, en la última sesión en el Senado, de un aliado como el peronista expulsado de la cámara Edgardo Kueider, a quien en un principio el oficialismo pretendía suspender y se vio envuelto en polémicas por la validez de la sesión entre Milei y Victoria Villarruel.
Con ese telón de fondo, no logró enhebrar entendimientos con la oposición dialoguista, en particular con el PRO y los gobernadores, para discutir en el Parlamento, en sesiones extraordinarias, parte de su agenda legislativa compuesta por una reforma electoral que elimina las primarias abiertas obligatorias, la ley antimafia y el juicio en ausencia. Con un agregado: el ala política del oficialismo mostró disgusto por el anuncio “apresurado” y sin “coordinación” que realizó Manuel Adorni sobre la convocatoria a las sesiones en el Congreso por fuera del período ordinario, algo que sucedió el 5 de diciembre.
En las filas libertarias, luego de la caída de la sesión parlamentaria Ficha Limpia, lo que generó duros cruces con el PRO, reconocen que los diálogos que construyeron el asesor presidencial Santiago Caputo y Mauricio Macri en los últimos meses se quebraron y solo quedaron en pie lazos con Cristian Ritondo, el presidente del bloque amarillo en Diputados. Pese a este escenario en tensión con el exmandatario, quien se quejó en su última aparición pública del “destrato” que recibió su partido por parte de La Libertad Avanza, en el oficialismo posee una esperanza de alcanzar un pacto para que en sesiones extraordinarias avance el proyecto de ley que elimina las PASO. Más allá de que existen licitaciones en marcha, un calendario electoral definido y que el Congreso no suele tratar propuestas que modifiquen las reglas de juego en un año electoral.
Cerca del Presidente minimizan complicaciones y subrayan que solo alcanzaría un artículo para dejar sin efecto las licitaciones que se realizaron para poner en acción las primarias y que en febrero se podría discutir el tema. En torno al Presupuesto 2025 no hay novedades: en la Casa Rosada culpan a los mandatarios provinciales por pedir fondos sin propuestas de financiación, con posturas “inflexibles” y además descartan que se abran nuevas conversaciones para zanjar distancias. El Presidente, consultado por este tema, ya avisó que no tiene inconvenientes en gestionar con el mismo cálculo de ingresos y egresos de 2023.
De este modo, la administración libertaria clausura la temporada 2024 bajo relaciones resquebrajadas con el PRO y los mandatarios provinciales. Vínculos que le permitieron, por ejemplo, sancionar la ley Bases y blindar los vetos presidenciales a dos iniciativas contrarias a los objetivos económicos de Milei (el proyecto de financiamiento universitario y la ley de movilidad jubilatoria). Lejos quedaron por el momento los agasajos que les ofreció el jefe de Estado a los 87 diputados de distintos bloques que lo acompañaron y los encuentros con gobernadores.
En este contexto, el Gobierno también sabe que no tiene demasiado margen para discutir con la oposición los pliegos de sus dos candidatos para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Habrá una nueva apuesta para construir consensos en relación con los nombres, aunque en los pasillos de Balcarce 50 ya alimentan la posibilidad de que asuman vía decreto presidencial. Por un motivo: argumentan que el máximo tribunal de Justicia no podría funcionar solamente con tres miembros tras el retiro de Juan Carlos Maqueda el próximo 29 de diciembre.
A su vez, la Casa Rosada mira y analiza quién podría ser la persona que asuma la Procuración General de la Nación, cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal. Y aparece un postulante que entusiasma: el del actual viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. “Sería ideal que sea el jefe de los fiscales”, subrayan cerca del Presidente, con una advertencia: su cambio de rol significaría un “vaciamiento” a la cartera judicial que en los papeles conduce Mariano Cúneo Libarona.
