El gobierno de Javier Milei prepara un proyecto para endurecer el Código Penal de la Nación y enviarlo al Congreso durante las sesiones ordinarias. El objetivo es que sea "más punitivo" que el actual, y prevé iniciativas como que la prisión perpetua sea de efectivo cumplimiento, sin ninguna clase de reducciones o beneficios.
"Se está trabajando en una reforma del Código Penal, estamos escribiendo un nuevo Código Penal, queremos elevar todas las penas porque nos parece que es muy condescendiente con los victimarios", planteó un importante funcionario de la gestión libertaria según recogió Noticias Argentinas. El Ministerio de Justicia está al frente de la redacción de la normativa. En específico, el encargado de trabajar los detalles técnicos es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
En la mesa política del oficialismo aseguran que la prioridad es modificar los artículos 119 y 120 del título III del libro segundo del Código Penal, que regulan los delitos contra la integridad sexual. Actualmente, estas normas establecen penas que van de 8 a 20 años de prisión, con agravantes en casos donde el delito sea cometido por un ascendiente u otra figura de autoridad.
El endurecimiento de penas también alcanzará a la prisión perpetua, particularmente al artículo 13 del título II del primer libro, que hoy permite que una persona condenada bajo esta figura pueda solicitar la libertad condicional luego de cumplir 35 años de condena.
Los cambios que impulsa el Gobierno en el Código Penal
Para la gestión libertaria, las penas actuales "son irrelevantes" y remarcan que las sentencias "funcionan si se tiene miedo" a las mismas. "Las de hoy no inhabilitan la comisión del delito", analizó la fuente consultada. Al respecto, indicó que buscan un Código Penal "que sea punitivo, que el que comete un delito tenga miedo de ir preso 20 años". "Porque hoy entran y salen al día siguiente y entonces ¿cuál es el medio a cometer un delito? Queremos castigar más al delincuente", insistió.
A su vez, manifestó que para el Gobierno "un violador tiene que pasar toda su vida en la cárcel porque no tiene reinserción social". "La cadena perpetua tiene que ser efectiva, en el caso de la violación no sé si debería corresponder perpetua, pero buscaremos que la pena, al menos, sea lo más larga posible", detalló.
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Consultado sobre si se centrará sólo en lo punitivo y dejará de lado el costado de la reinserción social de los delincuentes, el funcionario respondió: "No es excluyente lo punitivo con la reinserción social. Pero hasta que no cambiemos el sistema penitenciario… La cárcel hoy es un posgrado en delito". En ese sentido, recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando en avanzar en el proyecto de cárceles privadas.
Otro de los cambios que analiza el Ejecutivo es la modificación de la figura de femicidio, establecida por la Ley 26.791. Desde la Casa Rosada consideran que las penas deben ser equivalentes para hombres y mujeres en delitos donde haya violencia en la pareja. “Queremos que las penas sean las mismas”, sostienen en Balcarce 50.
El Gobierno reconoce que una de las referencias teóricas para la reforma es el libro “Análisis económico del derecho penal”, del economista Gary Becker. Su teoría sostiene que los individuos evalúan la probabilidad de ser atrapados y la magnitud del castigo antes de cometer un delito, lo que respalda la idea de que penas más duras pueden disuadir la criminalidad.
Según el actual Código Penal, las personas condenadas a prisión perpetua pueden acceder a la libertad condicional luego de cumplir 35 años de pena y, si se cumplen ciertas condiciones (como no volver a delinquir), la pena se extingue 10 años más tarde. En las cárceles de todo el país hay unas 56.000 personas condenadas, de las cuales cerca de 2.500 (menos del 5%) tienen pena de prisión perpetua, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena.
MB/ Gi
