Con la reforma laboral consagrada en la Ley Bases en vigencia, el Gobierno concentra esfuerzos en pulir un tema que todavía no tiene resolución y que es motivo de fricciones entre el oficialismo, empresarios y la CGT: el armado de una instancia que defina cuándo se produce un bloqueo en una protesta.
En reserva, ante la consulta de PERFIL, en la Casa Rosada anticipan que la instancia será creada vía decreto de necesidad y urgencia o mediante resolución administrativa de la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero. Y verá la luz luego de un cónclave entre el mencionado funcionario, referentes de la CGT y los ejecutivos que forman parte del Grupo de los 6.
En ese encuentro, se buscará el consenso necesario para diagramar una mesa integrada por los equipos legales de la central obrera, los ejecutivos y funcionarios del área legal y técnica, que tenga como premisa determinar en primer lugar si una manifestación incluye o no el bloqueo de una empresa o emprendimiento comercial.
Un dirigente de LLA reconoce que tal como quedó la ley, los empresarios pueden despedir “de manera arbitraria”, de hecho es una normativa objetada y calificada de “anticonstitucional” por abogados laboralistas, como indican desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
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Si bien no dicen que es anticonstitucional, la idea de que la ley le otorga un poder desmesurado a los empresarios es compartida por un estrecho colaborador de Javier Milei: “No puede ser que un trabajador esté parado en la puerta de una empresa, le saquen una foto y lo despidan, eso está mal”, es el pensamiento que sueltan cerca del Presidente cuando hablan de un tema que preocupa a los empresarios.
Por lo bajo, en Balcarce 50 indican que los ejecutivos hoy por hoy no están dispuestos a aceptar modificaciones en torno al procedimiento de los bloqueos de trabajadores pero indican que deberán ceder. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, también aparece en la senda de los ejecutivos. Cerca de él no tienen expresiones sobre la conformación de la mesa de trabajo entre todas las áreas.
En su momento, cuando la reforma laboral se reglamentó pero no se tocó el artículo de los bloqueos, sostuvo públicamente que simplemente se decidió “respetar el espíritu original” de la normativa aprobada en el Congreso. Hay un ítem más que el Gobierno quiere implementar: pretende que la instancia administrativa, además de definir los alcances de una manifestación en empresas o emprendimientos comerciales, tenga una resolución rápida, sin la necesidad de recurrir a la Justicia.
“La idea es que llegue la denuncia, todas las partes lo analicen y se resuelva en un plazo corto, como máximo una semana de tiempo. Después, si el trabajador quedó disconforme y decide recurrir a la Justicia, lo haga pero eso va a llevar más tiempo”, detallaron en La Libertad Avanza.
Los bloqueos en la Ley de Bases: la postura de la CGT
Vale destacar que la CGT reclamó desde un primer momento que el artículo referido a los bloqueos se quite, ya que la redacción del proyecto “era laxa”, tal como indicó una abogada de la organización sindical. El texto además fue duramente criticado por Pablo Moyano, el Camionero que en varias ocasiones lideró protestas con obstrucciones a las empresas.
Héctor Daer y Gerardo Martínez, los dos dirigentes de la central que se encargaron de negociar este punto de la ley, pidieron que al menos la Justicia defina el futuro de los empleados que estén involucrados en la obstrucción de una fábrica. Finalmente, pese a los pedidos, no hubo cambios de fondo y la reforma laboral quedó con apenas cambios cosméticos.
LT
