En un sorpresivo cambio de estrategia a pocas horas de la cuarta Marcha Federal Universitaria, la gestión libertaria anunció que convocará a los rectores para debatir el reparto millonario destinado a los hospitales universitarios. Mientras la Casa Rosada busca desactivar parte de la tensión abriendo esta vital mesa de negociación, el Ministerio de Capital Humano redobló la presión sobre las cajas de las facultades: adelantó la creación de un portal de auditorías públicas y declaró que la exigencia salarial de los gremios es legalmente inaplicable.
La decisión de sentarse a negociar marca un punto de inflexión en la postura oficial frente al inminente choque en las calles. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó que armarán una comisión específica para definir el destino de las partidas de refuerzo que financian a los centros de salud académicos. El objetivo de este llamado al diálogo, explicó el funcionario, es acordar nuevos criterios estrictamente objetivos y terminar de una vez por todas con el "lobby político".
El nudo de esta disputa radica en cómo se distribuía el dinero hasta el momento. Según detalló el Gobierno, el Estado gira de forma automática los fondos de funcionamiento fijados en la planilla presupuestaria, pero históricamente existía un cierto dinero extra que se entregaba de maneras que el Ejecutivo cuestiona. Señalan que la Universidad de Buenos Aires (UBA) acaparaba casi el 70 por ciento de esos recursos, algo que el oficialismo prometió desarmar junto al resto de los rectores del país.
Para evitar que la sorpresiva convocatoria se interprete como una rendición ante la masiva movilización opositora, la Casa Rosada aclaró los tiempos de la medida. Álvarez reveló que el grupo de trabajo iba a conformarse semanas atrás, pero el estallido del conflicto demoró los planes para que no pareciera una concesión bajo presión. "Lo vamos a hacer inmediatamente después de la marcha, no es porque ellos hicieran algo", aclaró el subsecretario para marcar la cancha.
Más allá de esta ventana de negociación, la ministra Sandra Pettovello mantuvo la firmeza sobre la "transparencia institucional". La titular de Capital Humano anticipó el lanzamiento de una plataforma web para que cualquier ciudadano consulte en qué gasta cada universidad la partida que recibe. Con esta herramienta, el Ejecutivo busca romper el monopolio informativo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que acusan de no depurar los datos y ocultar el costo real del sistema.
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El rechazo a la ley, los extranjeros y los números en rojo
Álvarez sentenció que la legislación sobre el financiamiento universitario aprobada por el Congreso es "abstracta" y quedó implícitamente derogada por el Presupuesto 2026. Además, remarcó que la norma impulsaba un aumento de sueldos del 50 por ciento sin especificar de dónde saldrían los fondos, violando la Ley de Administración Financiera.
A su vez, el funcionario habló sobre el supuesto caso extremo de la Facultad de Medicina en La Plata, donde "la mitad de la matrícula corresponde a estudiantes extranjeros", e incluso afirmó que llegaron a protestar "exigiendo clases en portugués". Ante este panorama, el Gobierno cuestionó que ninguna institución pública cobre aranceles a pesar de estar legalmente habilitadas por decreto de Milei.
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La cartera educativa difundió crudas estadísticas oficiales. Según el Gobierno, actualmente hay casi dos millones de inscriptos en todo el país, pero menos de la mitad logra aprobar dos materias por año para mantener la regularidad. Esta bajísima retención dispara "el costo estatal por cada profesional egresado", liderando el ránking negativo la Universidad de las Artes con un desembolso superior a los 423 millones de pesos por estudiante.
TC/ML
