El Consejo de la Magistratura definirá la próxima semana cuáles serán los pasos a seguir con la situación de la jueza y vicepresidenta de ese cuerpo, Agustina Díaz Cordero, quien fue denunciada por diversos organismos de Derechos Humanos por su presunto rol en la visita de Diputados a represores al penal de Ezeiza.
En una nota dirigida a Horacio Rosatti como titular del Consejo Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas, APDH, Memoria Histórica, Movimiento Ecuménico DD.HH., entre otros, mostraron su “profunda preocupación” al tiempo que exigieron saber qué función pudo haber tenido Díaz Cordero, quien supuestamente participó de reuniones donde se planificaron diversas estrategias para beneficiar a represores.
Todo se remonta al escandaloso episodio donde seis legisladores de La Libertad Avanza, entre ellos Lourdes Arrieta, estuvieron en el complejo penitenciario Federal Número 31 de Ezeiza el pasado 11 de julio.
El episodio tuvo un doble capítulo judicial cuando el Magistrado de Comodoro Py, Daniel Obligado denunció a los legisladores y a miembros del Servicio Penitenciario Federal de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica. La causa quedó a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplak, quien la desestimó por inexistencia de delito.
Arrieta publicó en un hilo de X (antes Twitter) todo el intercambio que se dio en un grupo de WhatsApp creado por el sacerdote Javier Olivera Ravassi y denunció penalmente a sus compañeros de bloque por haberla llevado engañada a la cárcel para visitar a los genocidas. En ese expediente también el Juez Kreplak a instancia de los fiscales Mola e Iglesias, cerró la investigación pues no había delito alguno para investigar por entender que se trató de una actividad política.
“Los entretelones de la gestión de una visita oficial de distintos legisladores que son representantes del pueblo, con medios públicos a un lugar público, deben ser dirimidos en los ámbitos correspondientes al debate parlamentario y canalizados ante las autoridades pertinentes”, sostuvo el magistrado de Lomas de Zamora.
No obstante, parte de la investigación continúa y apunta al Servicio Penitenciario Federal por supuestas irregularidades en las condiciones de detención de los partícipes de la dictadura dentro de la cárcel de Ezeiza del 11 de julio de este año, cuando se realizó la visita. Arrieta fue desplazada como querellante en la causa y desestimaron su pedido de custodia policial.
Sin embargo, Díaz Cordero fue denunciada ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Es que en los chats donde Arrieta expuso la situación, su par de bloque, Beltrán Benedit, planteó “enviar gente a entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de la CABA”. En otro pasaje, el sacerdote Ravasi mencionó que iba a volver a ponerse en contacto con la magistrada y que “estuvo presente en la primera reunión la Dra. Agustina Díaz Cordero”. Públicamente, la jueza de familia sostuvo que nada tuvo que ver con las visitas a Ezeiza, pero sí aclaró que tenía una relación pastoral con el cura.
Los votos de la decisión mayoritaria donde se rechazó “in limine” dicha denuncia vinieron de la mano de Miguel Piedecasas, Roxana Reyes, Eduardo Vischi y Álvaro González, sobre los de Héctor Recalde, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, quienes desestimaron esa resolución y reclamaron medidas de prueba.
Así las cosas, a media mañana del próximo miércoles, el Consejo de la Magistratura se reunirá en pleno y uno de los puntos previstos en el orden del día, será tratar la desestimación total o no de la denuncia.
