El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, realizó una conferencia de prensa desde la sede del Partido Justicialista. Beraldi se refirió al recurso de queja presentado por la exmandataria ante la Corte Suprema en el marco de la Causa Vialidad.
El letrado aseguró que, en la solicitud, se buscan tres puntos. Por un lado, Corregir fundamentos de la sentencia, por otro reestablece el fundamento jurídico.
El tercer punto, Beraldi dijo que, "para que lo entienda la gente", según Fernández de Kirchner "se violentaron reglas que llevan a conclusiones absurdas"
El doctor Beraldi también aseguró que "Cristina nunca tiene miedo". Beraldi negó que exista la posibilidad de una detención inmediata de la exmandataria. "Esa posibilidad no existe, porque un recurso de estas características tiene que ser analizado en un determinado plazo", explicó.
"Entre las cosas que se dicen falsamente, está que la Corte en estos casos los rechaza en todas las oportunidades y esto es mentira", aseguró. "No es que está solamente el recurso de Cristina Fernández de Kirchner, sino que hay diez recursos que la Corte tiene que tratar. Desde un punto de vista jurídico, no existe ninguna posibilidad de que esto se resuelva entre gallos y medianoche, salvo que se trate de una operación política que nada tiene que ver con el derecho".
Consultado sobre si la exmandataria teme ir presa, Beraldi respondió: "Por lo que la conozco en estos diez años que la asesoro, Cristina nunca tiene miedo. Cristina está convencida de la tarea que desarrolla, la tarea institucional, la gente que representa y sabe por qué este proceso existe. Y este proceso existe, no porque haya cometido un delito, sino porque ha hecho muchas reformas, que hay gente que obviamente no le perdona".
Beraldi explicó que en el recurso se realizó un "análisis sobre violaciones de garantías constitucionales que se han ido produciendo durante el trámite de este proceso" y se solicitó que la Corte "corrija las arbitrariedades que hemos detectado en el momento en que se dictó esta sentencia condenatoria".
"Esto es un trámite habitual, no tiene carácter excepcional ni es un tratamiento especial y particular que pide la doctora Cristina Fernández de Kirchner, sino que ocurre cada vez que en un proceso de trascendencia como este se suscitan graves y persistentes violaciones a garantías constitucionales", afirmó el abogado.
Según detalló, los problemas cuestionados en el recurso de queja son tres. "En primer lugar, se ha suscitado la intervención en distintas instancias de jueces y de fiscales que no cumplen con los estándares internacionales en cuanto a la necesidad de que sean independientes e imparciales del poder político y, por tanto, también que los fiscales deban observar requisitos de objetividad".
"La segunda cuestión que hemos planteado tiene que ver con el ejercicio del derecho de defensa en juicio, porque en este proceso se limitó, de una manera totalmente incorrecta y arbitraria, la posibilidad de ofrecer prueba de descargo", indicó Beraldi. "Los jueces no pueden tomar una posición acusadora, como ocurrió en este expediente".
"Finalmente, lo que también aquí se busca es corregir cuestiones que tienen que ver con la fundamentación de la sentencia. Aquí no se discute sobre el valor que pueda tener un testimonio o de qué manera debe interpretarse uno u otro documento. El problema que tiene la sentencia es que carece de fundamento jurídico", aseguró.
Beraldi señaló que "se han violentado reglas lógicas que llevan a conclusiones absolutamente absurdas", y puso como ejemplo que "lo que se sostiene para fundar determinadas absoluciones que son correctas, se invierte en el caso de la expresidenta". "Se la hace responsable en base a un criterio que ni el mismo tribunal considera válido. Esto es lo que la Corte tiene que analizar", remarcó.
La designación de un juez en la Corte y la imparcialidad
El abogado también se refirió a la designación en comisión del juez García Mansilla y afirmó que "claramente no cumple con la condición de ser un juez imparcial fuera de toda duda razonable".
"El presidente Javier Milei, a través del decreto 137, designa en comisión a este juez cuando faltaban nada más que tres días para que operara el vencimiento, es decir, que se comenzara con el nuevo período de sesiones", explicó. "Esta designación ha sido severamente cuestionada desde distintos sectores políticos del más amplio espectro, mostrando que había en realidad un problema de institucionalidad muy grave".
"Frente a esta situación, el doctor García Mansilla, dos días después de la designación, asume el cargo como juez en comisión cuando había afirmado en una audiencia pública que nunca iba a aceptar una designación en estas condiciones", agregó.
Beraldi consideró que "esto generaba un problema de singular trascendencia" y que "sobreviene otro problema de envergadura política e institucional todavía más serio".
"En un debate que el presidente Milei establece con la doctora Fernández de Kirchner, introduce en la discusión la existencia de esta causa Vialidad y reclama o dice o manifiesta, como ustedes quieran interpretarlo, que Cristina va presa. Esta es una manifestación extraordinariamente grave y desde nuestra perspectiva, por lo menos, significa una intromisión o puede significar una intromisión dentro de lo que es el manejo de causas judiciales, algo que el presidente tiene expresamente prohibido por disposiciones que están en la Constitución", advirtió.
"El problema que se presenta es que ahora este juez que se designó en comisión, que no tiene estabilidad, es el que tiene que resolver este planteo, es decir, si este recurso de queja procede o no, con lo cual se encuentra severamente minada su imparcialidad frente al caso", sostuvo.
El abogado defensor continuó su argumentación refiriéndose al proceso de recusación y la designación de jueces. Explicó que el doctor Mansilla deberá evaluar si acepta o no el planteo, y en caso contrario, la decisión quedaría en manos de otros jueces. "Lo que solicitamos es que, si este planteo prospera, se designe un nuevo juez a través del procedimiento correspondiente, que es un sorteo a través de los presidentes de cámaras, y queremos presenciar ese proceso", destacó.
En cuanto a la composición de la Corte, sostuvo que "no es conveniente que funcione con solo tres jueces, ya que es un órgano de última instancia y cinco jueces ya resultan insuficientes; tres, mucho menos". En este sentido, reiteró la necesidad de que la Corte opere al menos con cuatro magistrados, reemplazando a quien consideran que ocupa el cargo de manera ilegítima.
Sobre la sesión legislativa en torno al caso, aclaró: "Eso es algo que deberá debatirse en el ámbito legislativo. No tengo información sobre las acciones que tomará el Gobierno ni sobre la postura que asumirá la titular del Senado".
Cristina Kirchner y el pago del recurso ante la Corte
Consultado sobre la solicitud de excepción de Cristina Kirchner para abonar los $900.000 requeridos para presentar el recurso ante la Corte, el abogado rechazó las ironías al respecto. "Si leyeran la regulación del recurso, sabrían que desde 1990 la Corte estableció que, en causas penales, la tasa se paga al momento de resolverse el recurso, no de forma anticipada. Si perdiéramos, se integraría en su momento", explicó.
En relación con las presuntas violaciones a las garantías constitucionales en el proceso judicial, el defensor enfatizó: "La base de cualquier proceso es que los jueces sean imparciales. Si el Poder Ejecutivo se constituye en querellante y los jueces que deben resolver el caso mantienen reuniones privadas con el presidente de la Nación, se viola directamente este principio". En este sentido, mencionó las "Reglas de Bangalore", establecidas por la ONU en 2007, como referencia internacional sobre independencia judicial.
El letrado también se refirió a la relación entre el fiscal del caso y uno de los jueces, recordando que compartían actividades deportivas en un espacio perteneciente al expresidente Mauricio Macri. "¿Qué habría pasado si en lugar del fiscal hubiera estado yo en esa foto o si los jueces se hubieran reunido con Cristina Kirchner?", cuestionó, sugiriendo un doble estándar en la justicia.
Falta de pericias y limitaciones en la investigación
Otra de las irregularidades que señaló fue la ausencia de una pericia contable para determinar la existencia de sobreprecios en las obras investigadas. "Nunca se realizó una pericia seria para comprobar la acusación. La Fiscalía no impulsó esa prueba y, cuando nosotros la pedimos, el tribunal reconvirtió el planteo en favor de la acusación", denunció.
También indicó que la defensa de Cristina Kirchner solicitó investigar a todas las empresas involucradas en el supuesto esquema de cartelización, pero solo se investigó a Lázaro Báez. "Cuando intentamos preguntar a los testigos sobre el rol de otras empresas, nos impidieron hacerlo", aseguró.
Respecto al planteo de la Fiscalía para duplicar la condena a 12 años de prisión, al sumar la figura de asociación ilícita, el abogado se mostró tranquilo: "Jurídicamente, el fiscal no tiene posibilidad de interponer este recurso. Nuestra legislación prohíbe que la Fiscalía recurra en estos casos, porque la condena aplicada es de seis años y solo se puede apelar si la pena impuesta es menor a la mitad de la solicitada".
Finalmente, el letrado subrayó que además de la revisión del caso, la defensa solicita que la Corte convoque a audiencias públicas: "Queremos debatir este caso en ese ámbito, como lo hicimos en el Tribunal Oral y en la Cámara de Casación. Es imprescindible que la Corte defina si este tipo de irregularidades son admisibles en el sistema judicial".
NG
