Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria cercanos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la firma de un DNU para acordar con el FMI, en abierta violación a una ley nacional y a cláusulas constitucionales.
La presentación contó con el patrocinio letrado del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y cuenta con las firmas de los legisladores Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Brenda Vargas Matyi y Sabrina Selva.
Los siete diputados representan a la provincia de Buenos Aires y, a excepción de Selva, que milita en el Frente Renovador, responden en mayor o menor medida al esquema de Kicillof, que viene de lanzar su propia corriente dentro del peronismo: el Movimiento Derecho al Futuro.
En el escrito se plantea que "la intención del Poder Ejecutivo Nacional de aprobar, vía Decreto de Necesidad y Urgencia, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es violatorio, en primer término, de cláusulas constitucionales, y de la ley 27.612" de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (conocida como ‘ley Guzmán’) del 2022.
"Los hechos preparatorios que hemos denunciado podrían ser tipificados en las figuras de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, y las figuras del Título VIII del Código Penal de la Nación Argentina", señalaron. A su vez, solicitaron que "el Tribunal disponga la suspensión de todo acto que pudiere constituir la consumación del obrar delictivo".
El día 6 de marzo de 2025, la Oficina del Presidente de la República Argentina publicó un comunicado informando que "se dictará y remitirá al Congreso Nacional un DNU para obtener su apoyo en el acuerdo con el FMI". Luego de esto, en su conferencia de prensa bisemanal, la portavoz del FMI Julie Kozack sugirió que el paso del acuerdo por el Congreso "no sería una condición necesaria" del organismo internacional de crédito "para llevar adelante los desembolsos".
En los fundamentos de la denuncia, los diputados nacionales consideraron que "es insólito que el Fondo Monetario Internacional pretenda convertirse en intérprete del texto de la Constitución Nacional Argentina, incurriendo, por lo visto, en groseros errores y omisiones".
También recordaron que "los DNU constituyen una excepción a la norma general que está expresada en el artículo 99, inciso 3°, segundo párrafo, que expresa ‘en ningún caso, el Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable’, podrá emitir disposiciones legislativas".
Una vez que salga publicado el decreto —que ya fue firmado por el presidente Javier Milei— y sea enviado al Congreso, deberá tratarse en un plazo de diez días hábiles en la comisión Bicameral de Trámite Parlamentario para dictaminar sobre su validez o invalidez. Si transcurre ese plazo y no fuera tratado en la bicameral, cada una de las cámaras podrá convocar a una sesión en cualquier momento.
Para que el DNU caiga, se requiere el rechazo de ambas cámaras, con lo cual al Gobierno le alcanzaría con que solamente un cuerpo legislativo avale el decreto para que se mantenga en vigencia.
ATE también rechazó el acuerdo con el FMI: “Aumenta el castigo a los trabajadores y jubilados”
Luego de que el Gobierno estableciera un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por decreto, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “este DNU es manifiestamente ilegal” y completó: “Validar nueva deuda por esta vía no es más que garantizarle al FMI el cogobierno de nuestro país”.
“Este decreto de alguna manera pone fin a un relato del Gobierno que duró más de un año y demuestra que la economía atraviesa una grave crisis. Se trata de más deuda, más ajuste y aumenta y perpetúa el control de este organismo de crédito internacional sobre la política económica de la Argentina. Aumenta el castigo a los trabajadores y jubilados”, agregó el dirigente estatal.
En este marco, Aguiar concluyó: “Si el Congreso no interviene para rechazar este DNU, será cómplice de lesionar gravemente el estado de derecho. Pretenden consolidar un régimen sin leyes y con un Estado mínimo que sólo esté al servicio del saqueo. Tenemos que reaccionar. No podemos ser indiferentes. No podemos naturalizar esto. Se avanza en la disolución de nuestra nación”.
ML
