A tres meses de que la administración de Javier Milei anunciara la reestructuración del Hospital Laura Bonaparte, el Gobierno adelantó este miércoles 15 de enero que no renovará los contratos de gran parte del personal y definió un recorte de más de 700 millones de pesos para su presupuesto de 2025.
La cifra de reducción se determinó a partir del análisis sobre el uso de los fondos que el instituto dedicado a la salud mental había recibido el año pasado, cuando contó con $16.800 millones para su funcionamiento. Es decir, un total por mes de $1.333 millones.
Consultado por PERFIL, el delegado de ATE en el Bonaparte, Leonardo Fernández Camacho, denunció la situación en medio de una asamblea que se realiza en las puertas del centro de salud.
"El hospital perdió", resumió Fernández Camacho, refiriéndose al impacto que tuvieron los despidos. "Perdimos capacidad operativa absoluta. El recorte incluye más de cuarenta psicólogos, más de veinte médicos clínicos, psiquiatras, farmacéuticos y odontólogos", agregó.
Entre los casos más críticos, destacó que los médicos psiquiatras que trabajaban en la guardia fueron despedidos. "Por lo tanto, no tenemos atención en la guardia. Cualquier descompensación que nos llegue no la podemos abordar", afirmó. La situación también afecta al sector de internación, donde se encuentran pacientes judiciales derivados por los artículos 34 y 76 del Código Penal. "No tenemos equipo para atenderlos porque la mitad del equipo profesional fue despedido", explicó.
El impacto del recorte también se extiende a la atención ambulatoria de niños, niñas y adolescentes con padecimientos de salud mental, según Fernández Camacho. "La mitad del personal también fue despedido. Es imposible funcionar. No podemos trabajar así", enfatizó.
El rechazo de los trabajadores a las cifras del Gobierno
Fernández Camacho también rechazó las cifras oficiales que se han difundido sobre la operatividad del hospital. Según datos divulgados este jueves, de las 55 camas disponibles, solo 19 se ocuparon en promedio mensual, lo que llevó a cuestionar la necesidad de mantener a todo el personal. Sin embargo, el delegado calificó esas cifras como falsas. "Dicen que había 119 empleados asignados a internación, pero eso es una locura. Echaron a todo el equipo de estadística. No sé de dónde sacan esos números".
Otro de los problemas que agrava la situación es la falta de enfermeros, lo que impide la ampliación de los dos pisos disponibles en el hospital. "Reclamamos la incorporación de enfermeros desde hace tiempo, pero nunca recibimos una respuesta. Ahora el discurso es que atendemos poco, y la solución que plantean es despedir al personal. Por supuesto, así vamos a atender mucho menos. Hoy no podemos cubrir ni la internación ni la guardia".
Laura Bonaparte: recorrida por el hospital que el Ministerio de Salud busca reestructurar
El panorama es aún más sombrío de cara al futuro. "En 2024, entre despidos, renuncias y jubilaciones, perdimos 100 trabajadores, el 80% de ellos profesionales. Con estos 200 despidos recientes, hemos perdido la mitad del personal en un año", detalló Fernández Camacho a este medio.
El delegado también apuntó contra los responsables de las decisiones. "El director de hospitales, Diego Masaragian, y la directora nacional de Salud Mental, Liliana González, deben hacerse cargo de lo que está pasando. González, además, tiene una clínica privada que ya tiene lista de espera de más de un mes. Ahora no sé qué va a hacer con los pacientes que manda al hospital, porque acá no los vamos a poder atender y en su clínica tampoco".
En la asamblea, Fernández Camacho destacó la falta de respuesta por parte de las autoridades. "Desde que empezaron a llegar los telegramas de despido, nadie se comunicó con nosotros. Ni siquiera vino el director. Hoy el hospital no tiene ninguna autoridad presente".
El impacto de los recortes afecta directamente a los pacientes. "Si alguien llega con un ataque de pánico o una crisis, lo único que puedo hacer es abrazarlo y decirle que ya va a pasar, o derivarlo a otro lugar en CABA, si es que se puede", concluyó el delegado gremial en diálogo con PERFIL.
Los argumentos del Gobierno para realizar el recorte en el Hospital Bonaparte
El proceso de reestructuración encarado por la cartera dirigida por Mario Lugones reveló supuestas ineficiencias en el funcionamiento del hospital. Según una fuente del Ministerio de Salud consultada por PERFIL, el establecimiento, que fue transformado en hospital en 2012 tras dejar de ser el Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO), opera, en realidad, como una sala de atención básica, a pesar de contar con recursos de un hospital de alta complejidad.
En 2024 manejó un presupuesto anual de $16.800 millones, de los cuales el 78% se destinó a salarios, argumentaron a este medio desde el Ejecutivo. Entre 2021 y 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, se incorporaron 326 trabajadores, pero muchos de sus contratos no serán renovados como parte de los ajustes actuales. “La relación entre camas ocupadas y presupuesto es alarmante”, señaló la fuente. De las 55 camas disponibles, en promedio sólo se ocuparon 19 por mes, mientras que 119 personas estaban asignadas a esta área.
El hospital además tiene tres tipos de guardias, todas operadas por 109 empleados: una interdisciplinaria, otra de observación y cuidados de urgencia, y una de atención a demanda espontánea. Estas estructuras, combinadas con servicios duplicados, generan un uso ineficiente de los recursos, según el Gobierno.
Por ejemplo, los 38 consultorios externos podrían atender a 912 pacientes diarios si operaran a plena capacidad, pero actualmente atienden a 191, apenas cinco pacientes por consultorio, argumentaron. Según la fuente, se detectaron otros casos que evidencian la distorsión: ocho nutricionistas atienden, en promedio, cuatro consultas diarias, y ocho odontólogos ven a un solo paciente por día.
Además, se cuestiona “la presencia de un licenciado en Antropología sin un rol claro dentro del sistema”.
En términos de financiamiento, la fuente explica que el hospital no tiene convenios con financiadores del sistema de salud, lo que limita su capacidad para generar ingresos. Si estuviera funcionando a plena capacidad, el costo de sus servicios para una obra social nacional sería de $230 millones mensuales, mientras que de manera íntegramente privada alcanzaría los $655 millones, muy por debajo de los $1.333 millones que recibe por mes.
La fuente consultada por PERFIL también señala números inflados en las licitaciones. Se proyecta que en 2025 se reducirán los gastos en limpieza y seguridad en un 35% y 45%, respectivamente, lo que permitirá un ahorro de $760 millones.
Con un 65% de sus pacientes provenientes de la provincia de Buenos Aires y el 35% de CABA, el Hospital Bonaparte “deberá enfrentar el desafío de justificar su presupuesto y optimizar recursos”, concluyó la fuente.
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