"¿Qué tienen en común La Faraona, el Capitán Beto (perdonalos, Luis Alberto…) y el León Vetador? Los mega DNU, los vetos, la falta de respeto por la República", se preguntó hace unos días la diputada de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer. La referente del GEN es una de las que precisamente abrió la discusión en el Congreso sobre la utilización de los DNU como herramienta que muchas veces va más allá de la necesidad y la urgencia.
En un plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, este miércoles se comenzará a debatir una posible modificación a la ley 26.122, sancionada en 2006 cuando Cristina Kirchner era por entonces senadora.
La convocatoria surgió a partir de un emplazamiento que se votó en la sesión del último miércoles en Diputados para que se tengan en cuenta todos los proyectos que se fueron presentando en este sentido, con la intención de dictaminar en dos semanas, es decir el 30 de octubre. En ese listado aparecen incluso proyectos de legisladores que ya no integran el cuerpo como Graciela Camaño y José Luis Gioja. También había intenciones de poner a la vista un proyecto de Patricia Bullrich, pero el oficialismo lo impidió por considerarlo una chicana.
No habrá marcha atrás con el decreto que restringe el acceso a la información pública
En la actualidad, una vez que el Presidente firma un DNU, debe ser remitido a la Bicameral de Trámite Legislativo para generar un dictamen y ser llevado al recinto para ser avalado o rechazado. Este mecanismo motivó varias discusiones con la firma del decreto 70/2023, a pocos días de la llegada al poder de Javier Milei. Si bien se firman numerosos decretos, la comisión integrada por ocho diputados y ocho senadores no se reúne con la misma regularidad.
En ese contexto, Stolbizer presentó un proyecto en el que se propone aumentar la cantidad de legisladores, 12 por cámara, para poder superar los conflictos entre los distintos espacios por la integración y garantizar la presencia plural allí. La iniciativa del diputado de su mismo espacio Oscar Agost Carreño coincide en este punto para ampliar la integración.
Pero en rigor lo más relevante de varios de los proyectos es la determinación de que si el Congreso no trata el decreto firmado por el Ejecutivo, cae su validez, al revés de lo que sucede ahora cuando existe la "sanción ficta", es decir que queda como válido salvo que el Parlamento se declara en contra. Este gobierno tiene como antecedente que se le rechazó por primera vez en la historia un DNU, el que fijaba un partida de 100 mil millones de pesos para la SIDE para gastos reservados. Esto se dio luego de un trabajoso acuerdo entre distintas fuerzas, lo que no significa que se pueda repetir para cada decreto que firme el Ejecutivo, y es por eso que se busca que se realicen modificaciones a la normativa que pronto tendrá dos décadas.
Milei firma un decreto para apurar al Congreso con la privatización
"Lejos de reducir su uso, los titulares del Poder Ejecutivo emplean esta figura de manera indiscriminada y, en muchas oportunidades, trasgrediendo los requisitos esenciales para su emisión", advierte por ejemplo el radical Pablo Juliano en los fundamentos de su proyecto, uno de los 15 que están para ser discutidos en las próximas reuniones.
Los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, en otro de los textos, también plantean la relevancia de mantener la división de poderes y la capacidad de decisión de cada uno. "El Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa: el espacio deliberativo en el que se encuentran los representantes del pueblo y de las provincias, y se expresan las voces tanto de las mayorías como de las minorías", con lo que consideran que no es posible que el Ejecutivo tome dichas facultades.
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