El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), la sociedad estatal encargada de administrar el puerto de Buenos Aires y la hidrovía del río Paraná, y en su lugar creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn). Además, con el fin "optimizar" el uso de recursos públicos, la Administración libertaria anunció la eliminación de tres importantes fondos fiduciarios.
La medida ya había sido anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y se hizo oficial luego de la publicación del decreto 3/2025 en el Boletín Oficial. A través de esta normativa se eliminó la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal, "la que se efectivizaría cuando hubieran sido privatizados, transformados o transferidos la totalidad de los puertos públicos que se encontraban bajo su jurisdicción".
Asimismo, decretó la creación de la Anpyn como un ente autárquico del Ministerio de Economía, "con personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado". De esta manera, se convertirá en la "única Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación de las leyes vigentes y aplicables en las materias de su competencia, conjuntamente con sus reglamentaciones".
Entre las consideraciones, el Ejecutivo tomó el artículo 40 del Decreto 70/23 -conocido como el "Mega DNU"- que derogó la Ley Nº 20.705 de Sociedades del Estado y así se dispuso que las "sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas, sin prerrogativa pública alguna“.
Además, la norma que lleva la firma del presidente Milei y todo su Gabinete indica que “a lo largo de los últimos años la AGP incrementó notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a la sus funciones y competencias”.
Mediante su cuenta en la red social X, Adorni había expresado: "Se disolvió la Administración General de Puertos, antro de corrupción y privilegios". Así, adelantó que la Anpyn "concentrará sus funciones y las de otros dos organismos, ganando así en eficiencia y transparencia además de lograr menores costos".
También comunicó que "se eliminarán entes y áreas con idénticas funciones, se reducirá un 79% del personal y se venderán inmuebles y activos innecesarios", en línea con la política que viene implementando la Administración de Milei y que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, definió como "deep (profunda) motosierra".
"La cúpula directiva de la AGP será completamente removida. En 2025 seguimos adelante con la reducción del gasto público", concluyó el Portavoz de la Presidencia. En el decreto publicado este lunes, se reglamentó que Iñaki Miguel Arreseygor, que ocupaba el cargo de subsecretario de Puertos y Vías Navegables, sea el nuevo director ejecutivo de esta agencia.
Las funciones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación
Según se explica en el anexo del decreto, este nuevo ente autárquico podrá intervenir en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y planes referidos a los puertos, vías navegables, transporte fluvial y marítimo, entre otros, y tendrá el control y fiscalización de los servicios de transporte fluvial, marítimo y los vinculados a ellos que se desarrollen en el ámbito de su competencia.
También tiene bajo su órbita las compensaciones tarifarias y de costos de explotación del transporte fluvial y marítimo y la gestión de las instalaciones, embarcaciones, materiales y equipos, y de los recursos humanos afectados a estas actividades.
"Sustanciar los procesos de contratación de servicios, obra pública o concesiones relacionados con las vías navegables de jurisdicción nacional y nodos logísticos o multimodales, teniendo a su cargo la elaboración de los pliegos de bases y condiciones, así como también de los procesos licitatorios para el otorgamiento de concesiones o contrataciones", añade el artículo 1 de este apartado.
Se eliminaron tres fondos fiduciarios
Por otro lado, el Ejecutivo llevó adelante la disolución del Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, mediante el Decreto 6/2025.
La medida se tomó después de que se realizaran auditorías que arrojaron que los objetivos de los mismos habían sido alcanzados o que presentaban irregularidades administrativas. Sin embargo, los fiduciarios seguirán obligados a coordinar la administración durante la liquidación de los fondos, en cumplimiento con las normativas vigentes.
El PRODAF tenía la función de facilitar el acceso a créditos para productores rurales, pero su objetivo quedó cumplido, acorde al Ministerio de Economía. El fondo de Servicio Universal fue creado para garantizar el acceso a servicios TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), pero será reemplazado por mecanismos alternativos. El de Vivienda Social, por su parte, financió poryectos como "Casa Propia" pero la SIGEN determinó que se reportaron "obras inconclusas o sin rendiciones".
FP/fl
