La AFIP de Bahía Blanca deberá informar esta semana a la Justicia el estado de la investigación del organismo sobre el caso de facturas falsas que involucra a Lázaro Báez. El informe fue solicitado el martes por el fiscal general de esa ciudad, Alejandro Cántaro.
Pero en Bahía Blanca, el recorrido del expediente de la AFIP que pone a Báez otra vez bajo sospecha por facturación apócrifa es objeto de polémica y versiones cruzadas. Fuentes del caso sostuvieron en diálogo con PERFIL que luego de que se cerrara la regional Bahía Blanca del fisco por un conflicto sindical, los documentos que comprometen a estas empresas proveedoras de Austral Construcciones y al propio Báez habrían sido remitidos a Mar del Plata. En el camino, parte de ellos se habría “perdido”. Por eso, la versión digitalizada del expediente no sería total. La “falla” habría sido advertida por uno de los inspectores a cargo del caso Suris, también sobre facturas apócrifas. El sabueso lo habría comunicado a Norberto Fillipini, titular de la División de Auditorías de la AFIP en Bahía –la regional fue reabierta hace poco–. Si eso sucedió, la AFIP deberá rendir cuentas a la Justicia.
Este diario consultó a altas autoridades del organismo sobre esta versión. En la AFIP aseguraron que no estaban informados de una supuesta pérdida de parte del expediente y que esos documentos no tendrían por qué haber salido de la regional de Bahía Blanca hacia Mar del Plata.
PERFIL reveló ayer que el dueño de Austral Construcciones sigue manteniendo relaciones comerciales con la familia Ficcadenti. Silvio Luis Ficcadenti era el titular de dos firmas: Calvento y Grupo Penta SA. Para la AFIP, Calvento es una usina de facturas truchas, utilizadas para evadir impuestos, camuflar sobornos o justificar sobreprecios en la obra pública. Este diario pudo saber que la empresa de Báez tendría en su contabilidad una factura de Calvento por menos de $ 500 mil. Si bien se trata de una cifra menor que no lo compromete penalmente, confirma que el empresario utilizaba facturación apócrifa de estas empresas desde el inicio de la relación comercial.
Grupo Penta quedó catalogada como “mixta”, tenía irregularidades en su facturación pero comprobó al menos seis empleados y bienes de su propiedad, según fuentes oficiales. El abogado de Báez, Claudio Bustos, fue un asesor central para ayudar a Ficcadenti a “demostrar” que su empresa no era fantasma.
Dos de esos empleados de Grupo Penta eran Franco y Enzo Ficcadenti, hijos de Silvio. Así consta en los registros de Anses.
A pesar de estar embargados y deber $ 10 millones al fisco, fundaron Terrafari SA en 2011, mientras seguían figurando como empleados de Grupo Penta. Lázaro sigue contratándolos. En abril de 2013, por ejemplo, Austral desembolsó alrededor de $ 7,2 millones a Terrafari SA.
