Los comerciantes de la reconocida avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores, continúan reclamando por la venta ilegal de los manteros, asegurando que la actividad se intensificó en los últimos meses y calificaron a la zona como "tierra de nadie".
Según reprocharon los comerciantes en diálogo con Clarín, durante el último tiempo las veredas se vieron repletas de artículos ilegales, hechos de inseguridad protagonizados por pungas y ladrones, quejas de vecinos, calles colmadas de gente y conflictos entre manteros y trapitos que cobran entre $5.000 y $6.000 para poder estacionar.
Ante este escenario, la Asociación de Comerciantes de la Avenida Avellaneda (ACOMA) emitió un comunicado apuntando contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reprochándoles la falta de controles en la zona y la "incontrolable expansión de la ilegalidad", hecho que afecta las ventas de los comerciantes.
Desde la agrupación reclamaron que "actualmente más de 4.000 puestos ilegales operan con total impunidad en el Polo Textil" y los acusaron de cometer "delitos federales" que derivan en una competencia desleal frente al comercio formal que se rige por las obligaciones legales del rubro, lo que se traduce en un "impacto económico devastador".
Los comerciantes formales de Avellaneda responsabilizaron al gobierno porteño por la venta callejera y aseguraron que la situación se agravó en Flores tras los operativos llevados a cabo en Retiro y Once, donde las autoridades realizaron allanamientos e incautaron mercadería ilegal.
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"La consecuencia directa es que todos se vinieron para Flores y nos están perjudicando aún más", manifestó Lali Joudrier, comerciante y representante de la agrupación, en diálogo con Clarín. Los miembros del conjunto ya han mantenido reuniones con el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, con el objetivo de llegar a una solución.
Desde el grupo advirtieron que "las pérdidas económicas para los comerciantes formales alcanzan cifras alarmantes: $ 9.600.000.000 de pesos mensuales", lo que, argumentaron, "destruye empleos y apaga inversiones", al mismo tiempo que "erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la capacidad del gobierno de garantizar justicia, orden y legalidad".
ACOMA, en consecuencia, le solicitó al gobierno porteño que lleve a cabo "acciones inmediatas y contundentes" en pos de "restablecer la legalidad y garantizar el derecho a trabajar en condiciones justas".
Desde la administración de Jorge Macri, por su parte, le indicaron al medio citado que "el ordenamiento del espacio público es constante desde el comienzo de esta gestión" y destacaron que durante el año se llevaron a cabo operativos de desalojo de manteros en Plaza Constitución, Parque Centenario, Parque de los Patricios y Once.
"Estamos trabajando desde espacio Público y Seguridad hace un tiempo, y se espera una definición y autorización de la Justicia para avanzar con nuevos operativos", concluyeron.
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