Durante la semana que culminó, el gobierno de Javier Milei anunció con bombos y platillos la eliminación de 148 registros automotores. En la práctica, se trata por un lado de la supresión de 136 registros seccionales; por otro, se deja “sin efecto” la apertura de doce registros en distintos puntos del país.
Sin embargo, según pudo saber PERFIL, se trata de una maniobra comunicacional y cosmética. Es un mero trámite administrativo que no implica menos infraestructura, ni menos personal, ni la baja de los aranceles para los usuarios.
Un ejemplo: hay tres registros seccionales de la ciudad de Arrecifes: Automotor (autos), motovehículos (motos) y maquinaria agrícola (campo). Sin embargo, los tres registros seccionales funcionan en una sola sede, ubicada en la Avenida Lavalle 104 de la ciudad bonaerense. Tiene en efecto, un solo encargado, es decir un solo propietario. En la práctica las tres registros seccionales funcionan en una oficina y con una sola estructura de personal.
La resolución 209/2024 del Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona establece que se suprime el registro seccional de motovehículos y de maquinaria agrícola, pero que el registro seccional de automotor absorbe sus competencias. Pasado en limpio, no se achica nada. Lo que sucede con el registro seccional se aplica a los 136 casos.
Los gastos que pagan los usuarios de los registros, formularios, sellos, patentes, etc., lejos de bajar de precio, sufrieron un incremento a fines del año pasado, que pasó desapercibido. Se trata de la resolución Resolución 1496/2023 del 29 de diciembre, que fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 2 de enero y que establece nuevos montos que en promedio implican incrementos del 280%. También hubo un intento de aumentar los montos en abril, lo que se frenó por el malestar que generó la medida.
Justicia no tiene detalles del impacto en números del anuncio
Ante la consulta de este diario, en el Ministerio de Justicia no supieron precisar de cuánto es el ahorro, ni cuánto personal queda desafectado, ni de cuánto es el impacto en números. Solo se limitaron a señalar que “menos estructura es menos costo”, pero no hubo precisión alguna.
Un dato llamativo: Justicia no tiene todavía designado al director nacional de Registro de Propiedad Automotor. Desde que se inició la gestión hubo seis funcionarios que pasaron por dicha silla. Agustín Esnal, quien tuvo un paso por el Ministerio de Seguridad de Bullrich en la gestión de Cambiemos es quien hoy ocupa de manera provisoria dicha silla, sin nombramiento.
El verdadero negocio de los registros seccionales son los fondos del ente cooperador, el cual está manejado por Acara, una de las cámaras que aglutinan empresas concesionarias de autos. Con cada trámite que se abona, los fondos del ente cooperador se engrosan. Es una caja que no tiene ni control dentro del Presupuesto, ni que tampoco está alcanzado por la fiscalización de la Sigen.
De hecho, buena parte de la planta de los empleados del Ministerio de Justicia reciben recibos de sueldo provenientes de Acara.
El manejo de los fondos le permite a Acara habilitar otros negocios, como el de la empresa Servicio Computable, manejada por Raúl Piccolo, quien tiene vínculos familiares Oscar Cortis, uno de los fundadores de la Acara.
La empresa maneja servicios monopólicos como el Sugit (multas), el Sucerp (patentes y sellos) y maneja ePagos (plataformas de pago).
Según trasciende, no es Cúneo Libarona quien toma las decisiones al respecto, sino Sebastián Amerio, su vice, quien en efecto es el que toma las decisiones respaldado en el poder político del asesor presidencial, Santiago Caputo.
