El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Raúl Pleé pidió anular la sentencia que liberó del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
Es que si bien en el fallo se consideraba que los pagos que le entregó el empresario al ex funcionario Roberto Baratta fueron aportes de campañas electorales de 2013 y de 2015 y no coimas o dádivas, el pedido del representante del Ministerio Público se basa en que la Cámara Federal de Casación Penal no notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente, la apertura del incidente en donde se tomó la resolución. De esta manera, la UIF, que es parte en la causa, debería haber tenido la posibilidad de argumentar en esa audiencia y no se le dio esa opción.
“Puntualmente, no se la ha notificado de la resolución de fecha 7 de diciembre de 2023 que hizo lugar a la queja interpuesta por la defensa, como así tampoco del proveído de fecha 11 de diciembre de 2023 que dispuso hacer saber a las partes la radicación de la causa y su trámite en los términos del art. 465 bis del CPPN, ni del proveído de fecha 22 de diciembre de 2023 que fijó la audiencia para el día 18 de abril del corriente año, como así tampoco de la resolución del 19 de junio de 2024. En síntesis, el trámite de este incidente se llevó a cabo sin la intervención de la parte querellante, lo que, en virtud de lo normado por el art. 167 inc. 2 del C.P.P.N., determina la nulidad de todos esos actos cumplidos en la instancia en los que su participación era obligatoria”, dice la presentación.
Causa Cuadernos: Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, quedó afuera del juicio oral
“La cuestión aquí planteada constituye, según mi parecer, una de esas situaciones excepcionales que, de no atenderse mediante esta vía propuesta, generaría, a la par de un dispendio jurisdiccional innecesario, la consolidación de un perjuicio de imposible reparación ulterior, puesto que una de las partes del proceso ha visto cercenado su derecho a ser oído y, por tanto, de defensa en juicio, lo que implica una clara inobservancia de las reglas del debido proceso, por cuyo cumplimiento este Ministerio Público Fiscal debe velar”, argumentó Plee.
“Este cercenamiento de la intervención de una parte del proceso, en este caso, la querellante, genera para ella un agravio especialmente atendible, en tanto lo resuelto por V.E. impide la normal continuación de la causa hacia la celebración del debate oral y público respecto de los recurrentes, lo que frustró la pretensión de la UIF conforme su requerimiento de elevación a juicio”, se advirtió.
La cámara había enviado la causa al fuero electoral
La semana pasada, los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone de la Cámara Federal de Casación Penal, habían decido que el empresario de la construcción no sea juzgado, ya que consideraron que debía ser juzgado por la justicia electoral y no en un juicio oral.
Eso es así porque los magistrados consideraron que los 16 pagos que realizó Calcaterra a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en el garaje subterráneo del hotel Hilton no eran coimas sino que era dinero para la campaña electoral.
Los otros empresarios que se podrían beneficiar con el fallo para Calcaterra
De esta manera, Calcaterra sería excluido del juicio del caso de los cuadernos, mientras se enviaba el expediente a la jueza federal electoral María Servini para que en lugar de acusarlo de cohecho se lo investigue por una falta menor al Código Electoral.
Esa reacción habría generado en un efecto dominó que varios empresarios impulsen en la Justicia un reclamo similar al de Calcaterra para que sus casos sean tratados también en el fuero electoral.
Ahora, con este pedido de nulidad, los jueces de la Casación deberán resolver si dan marcha atrás con su propia decisión o si rechazan el pedido del fiscal.
El caso de los cuadernos de las coimas surgió hace seis años de las anotaciones de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que registró los viajes que hacía con los funcionarios kirchneristas para retirar sobornos pagados por empresarios. Entre los 161 acusados, se destaca la principal figura de Cristina Fernández de Kirchner, apuntada como jefa de una asociación ilícita.
JD / ds
