Causa Cuadernos: Ángelo Calcaterra quedó en medio de una batalla judicial
El fallo de la Cámara de Casación que apartó al primo de Mauricio Macri del expediente donde se investigan coimas a funcionarios kirchneristas por obra pública conllevó a un vendaval de reclamos internos en el Poder Judicial y hasta la amenaza del Gobierno de terminar recurriendo a la Corte Suprema de Justicia para que se retrotraiga la decisión. También se sumaron quejas del fiscal Pleé, quien planteó que el tribunal no notificó a la UIF del tema.
Primo. Logró un fallo favorable y generó una revolución judicial. |
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Alfredo Izaguirre
La fragmentación del expediente de los Cuadernos, motivado por los escritos del chofer Oscar Centeno, abrió un severo frente judicial que tiene en el centro al primo del expresidente Mauricio Macri, el empresario Ángelo Calcaterra.
Esta particular situación se da luego de que la Cámara de Casación determinara que no fueron coimas sino aportes a campañas electorales los desvíos de dinero de Calcaterra a los funcionarios kirchneristas. Se trata de un fallo que resolvió sacar al empresario del expediente y enviar su caso a la Justicia Electoral.
En este marco, desde el tribunal que tiene a cargo el juicio por la causa Cuadernos lanzaron munición gruesa a la resolución de Casación que lo podría sacar del debate oral a lo que se sumó una fuerte advertencia del Gobierno de ir a la Corte Suprema de Justicia de no retrotraer esa polémica decisión.
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El fallo de la Sala I del máximo tribunal penal del país que deja a Calcaterra al borde de ser investigado por la Justicia Electoral y que alcanza a Javier Sánchez Caballero apunta contra el TOF 7, encargado de realizar el juicio al advertir que no analizó los pagos de dinero consignados, tanto por Calcaterra y su número dos, como posibles aportes a la campaña del Frente para la Victoria.
Para los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, hubo un silencio del Tribunal Oral sobre lo consignado por Calcaterra y Sánchez Caballero quienes desde la instrucción de la propia causa insistieron que realizaban los aportes para el FpV desde 2017 y que no era nada novedoso.
“Nada dijo acerca de la información aportada por la parte recurrente vinculada a que sus defendidos, a través de la empresa Creaurban SA, realizaron aportes para la campaña de elecciones presidenciales del año 2007 en favor de Frente para la Victoria. Ese dato resulta de interés por cuanto, tal como alega la defensa, indicaría que el aporte de dinero a una campaña electoral no era un hecho novedoso para sus defendidos”. Con ese argumento, los jueces de la Sala I le remitieron el legajo de ambos empresarios a la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría y al fiscal Ramiro González.
Casi inmediatamente intervino Raul Plée, fiscal ante Casación quien sin meterse con la cuestión de fondo, dijo que nunca se le avisó a la Unidad de Información Financiera (parte querellante en el expediente) de la apertura del incidente del cual la Casación dispuso esa resolución lo cual consideró como un agravio.
La palabra del Tribunal Oral N° 7 no se hizo esperar, si bien no respondió la advertencia de Casación sobre lo manifestado por Calcaterra y Sánchez Caballero, los magistrados Fernando Canero y Enrique Méndez Signori enfatizaron que en la decisión de mandar a ambos empresarios a ser investigados por la Justicia Electoral es un conflicto de competencia del cual tuvo que haber intervenido la Corte Suprema de Justicia y no la instancia que le antecede (Casación).
Sin embargo, Germán Castelli, tercer juez del TOF 7, apuntó con más contundencia. Por un lado criticando a la instancia superior que “no actuó en el caso como tribunal legalmente facultado” y por un lado disparando contra Servini de Cubría.
Sobre la jueza electoral señaló que “con la anuencia del señor fiscal electoral, abrazó, sin más, el reclamo de los imputados Calcaterra y Sánchez Caballero y requirió la competencia en estas actuaciones, lo cual generó la fundada y enfática respuesta de rechazo, tanto de la señora fiscal general como de este tribunal, que hasta invitó a la señora magistrada, en caso de sostener su competencia, remitir los antecedentes al órgano jurisdiccional respectivo”.
Ya con un evidente ambiente de malestar, la UIF fue el último organismo en hacer su presentación ante la Justicia con un contexto algo similar al de la fiscalía, pero con la fuerte advertencia de ir hasta la Corte.
En su escrito la UIF sostuvo que “la cuestión de competencia se resolvió sin notificar a esta parte ni permitir al organismo exponer su punto de vista sobre la cuestión, en clara afectación a las reglas del debido proceso penal y tutela judicial efectiva”.
El texto que ahora será analizado por Casación, advierte que de tener una resolución casatoria adversa, “la UIF deja planteado el caso federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia”.
El fallo que por ahora beneficia a Calcaterra y a Sánchez Caballero le deja la puerta abierta a empresarios como el exCEO de Isolux Argentina SA Juan Carlos De Goycoechea, quien por entonces dijo que sus contribuciones fueron de manera institucional al PRO; el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012 y presidente de Esuco SA Carlos Wagner, quien manifestó que sus aportes en negro eran para el FpV; el propietario de la firma Panedile, Hugo Dragonetti y Jorge Balan, entre otros.
A ellos se suma el dueño de la empresa eléctrica “Grupo Albanesi”, Armando Loson, quien previamente al fallo que benefició a Calcaterra la Casación, habilitó a analizar su planteo del cual aspira que sea la Justicia Electoral quien lo continúe investigando. Por otra parte también aguarda por la continuidad en otra causa que denunció la adulteración de los escritos de Oscar Centeno que tiene a su cargo el juez Marcelo Martinez de Giorgi contra Jorge Bacigalupo, expolicía y amigo del exchofer de Roberto Baratta donde actualmente es querellante.
