El juez Casanello ordenó un plan urgente para distribuir los 5 millones de kilos de alimentos acumulados
El Ministerio de Capital Humano deberá presentar un plan en 72 horas para cumplir la orden de entrega.
La ministro Sandra Pettovello |
Agencia Na
Este lunes, el juez Sebastián Casanello ordenó un plan urgente para que el Gobierno distribuya los 5 millones de kilos de alimentos acumulados que se encuentran guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello.
En este contexto, la fiscal Patricia Ochoa determinó la posible comisión de delitos de acción pública en relación al presunto incumplimiento de deberes de funcionario, por lo que le pidió al juez que dicte una medida cautelar innovativa que le ordene al Ministerio entregar los alimentos en un plazo máximo de 5 días.
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Ante el pedido de la fiscal, Casanello liberó una orden de presentación para que las autoridades competentes detallen el stock de alimentos almacenados, junto a su fecha de adquisición y expiración.
También se liberó una orden de presentación con allanamiento en ambos galpones y, para evitar el registro, el Ministerio deberá presentar la documentación solicitada este lunes 27 de mayo, mientras cuentan con un plazo de 72hs para presentar un plan de distribución de los alimentos guardados.
Las actuaciones detalladas se produjeron en el marco de la causa que se abrió tras la denuncia penal presentada por Juan Grabois contra la ministra Pettovello el pasado 3 de febrero por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad a raíz de que el Gobierno limitara la asistencia alimentaria a comedores comunitarios.
"Vamos a usar todos los medios legales, judiciales, comunicacionales, acción directa no violenta, para que no falte el pan en ninguna mesa", aseguró al respecto el dirigente social, quien arremetió: "Las mentiras del Ministerio de Capital Humano encubren un crimen".
En su presentación, la fiscal determinó que el órgano público habría incumplido con los pedidos formales realizados anteriormente y explica: "La investigación, también reveló que ante los requerimientos directos y concretos de esta Fiscalía, el Ministerio de Capital Humano de la Nación no contestó lo preguntado con relación a la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024".
Sobre las afirmaciones que hablaban de un presunto plan sistemático de robo de comida, Ochoa indicó: "Vale subrayar aquí, con relación a las aseveraciones reseñadas por el Ministerio volcadas en el acápite I.7, que describen las múltiples irregularidades que habrían sido advertidas en el proceso de distribución de alimentos hasta el 10 de diciembre de 2023, que más allá de las afirmaciones realizadas, no fueron acompañadas evidencias documentales, testimoniales, o analíticas, que las sustenten".
A su vez, la fiscal reclamó que desde el Ministerio no informaron "en qué fecha aquellos alimentos fueron adquiridos, desde cuándo -y con qué finalidad- se encuentran acopiados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo y, por lo tanto, cuáles son sus fechas de expiración".
La respuesta del Gobierno y el contrataque de Grabois
Ante esta situación, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno apelará la decisión judiciala de Casanello, al mismo tiempo que apuntó hacia aquellos que "les molesta que hayamos terminado con los intermediarios" y sostuvo que "había muchos beneficiarios que se sienten dolidos porque se les terminó el usufructo personal".
"Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones", indicó el portavoz y señaló que no se trata de una cuestión judicial sino de "una definición de política pública".
Adorni subrayó que "la justicia no se puede entrometer en la política pública" y explicó: "Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes.Esto no es una cuestión que solo ocurre en Argentina, esto pasa en el resto de los países del mundo".
Ante las declaraciones del vocero presidencial, Grabois reprochó: "Adorni y (Pablo) De la Torre mienten. Los alimentos en los galpones están destinados a comedores comunitarios y asistencia a personas vulnerables".
"La mercadería acaparada en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo están exclusivamente destinadas a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil. Así lo dice textualmente el convenio de adquisición con la OEI. El convenio con PNUD también está encarado desde el “abordaje comunitario” para mitigar situaciones de vulnerabilidad", argumentó el dirigente social.
Luego, sostuvo que "el programa para atender las catástrofes ya existe y está reglado por la Resolución 485/2016" y concluyó: "Comprar alimentos para un destino y utilizarlos para otro tiene un nombre en el derecho penal: malversación de fondos públicos. Hasta que no haya pan para los pobres, que no puedan dormir los hambreadores #RepartanLaComida"
