El juez Sebastián Casanello ordenó este sábado realizar un allanamiento en el Centro Operativo Martelli, donde se encuentran alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano.
Según se informó, en la jornada de ayer se avanzó con un operativo similar en el galpón de Tafí Viejo, en Tucumán, donde también se detectó la existencia de mercadería sin repartir, entre ella alimentos próximos a vencer. Entre los primeros datos se detalló que hay más de 330 mil litros de leche con vencimiento en la primera semana de julio así como que los paquetes de yerba mate son aproximadamente el 60% del total de los productos en stock.
“No encontraron nada vencido, menos aún mercadería en mal estado de conservación”, dijo al respecto el vocero presiencial Manuel Adorni en sus redes.
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En simultáneo a la revisión de los galpones, el próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia por la falta de entrega de alimentos del Ministerio de Capital Humano a los comedores, en la causa que tiene a Juan Grabois como denunciante.
La causa surgió a raíz de la nota de El Destape que descubrió que hay 6 mil toneladas de alimentos guardados en dos galpones del ex-Ministerio de Desarrollo Humano en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y de Tafí Viejo, en Tucumán.
Desde el Gobierno no apelaron la medida cautelar del uez federal Sebastián Casanello, que venció el viernes, que instaba al ministerio a presentar la documentación de la adquisición de esos alimentos y presentar un plan de distribución del mismo. El miércoles deberán explicar por qué no entregaron la mercadería.
En medio, en el oficialismo sostienen que no se avanzó debido a la existencia de comedores “fantasma”. En ese sentido, la cartera que conduce Sandra Pettovello impulsó una denuncia por irregularidades en la gestión de los comedores populares, a raíz de una causa iniciada en diciembre por posibles extensiones a beneficiarios sociales.
La causa involucra a personas ligadas a movimientos sociales y agrupaciones piqueteras como el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha, que tuvieron allanamientos en comedores y casas particulares de algunos de los señalados. Los delitos involucrados por la fiscalía son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y extorsión.
Desde las organizaciones sociales y piqueteras no descartan que pueda haber irregularidades pero responden que, si hay menos comedores de lo que dice el Gobierno, “por qué no reparten la comida a los que sí existen”.
Sin embargo, la polémica de la falta de entrega de los alimentos, y que se encuentran vencidos, puso el foco en el Ministerio de Capital Humano y la polémica no pasó desapercibida al interior del organismo: el Gobierno denunció al desplazado exsecretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre.
Pettovello, pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que investigue una serie de contrataciones efectuadas por la secretaría que dirigió De la Torre para determinar si existieron irregularidades. El viernes, tras la situación de los alimentos, efectuó la denuncia penal ante la Justicia.
A su vez, la cartera a cargo de Pettovello denunció irregularidades en la compra de alimentos bajo la gestión de la exministra Victoria Tolosa Paz, aquellos que se encuentran almacenados en los galpones de Tafí Viejo en Tucumán y Villa Martelli, en el Conurbano.
