Las negociaciones entre un sector del oficialismo y la CGT por la reglamentación de la reforma laboral que figura en la ley Bases encendieron fricciones dentro del Gobierno. Precisamente, entre aquellos que están dispuestos a que existan modificaciones, como Santiago Caputo, y otros, más técnicos, que se oponen a cualquier cambio, con Federico Sturzenegger a la cabeza.
En la Casa Rosada le anticipan a PERFIL que la reglamentación del capítulo del trabajo de la normativa tiene pendientes conversaciones entre empresarios y sindicalistas y que contará con ciertos retoques. “Pero el espíritu de la ley se va a mantener”, promete una fuente de contacto asiduo con Javier Milei.
Entre esos cambios a realizar, según le consta al entorno de uno de los máximos dirigentes cegetistas, está la eliminación de las sanciones, con despido incluido, por bloqueos gremiales a comercios e industrias. Y, además, que se quite la figura del trabajador independiente, que de acuerdo con la normativa que se sancionó puede contar con hasta cinco colaboradores para llevar adelante un emprendimiento productivo, sin que exista un vínculo de dependencia entre ellos.
“Está conversado por el momento, pero resta confirmación”, detallaron desde la calle Azopardo. Estos dos puntos siempre generaron ruido en el gremialismo. En el caso de los bloqueos, sucede tal como asegura ante este medio una figura sindical del ámbito legal, que “la redacción del texto es muy laxa, puede haber dos trabajadores en la puerta de una empresa y un juez puede considerar que existe bloqueo”. El otro ítem de la discusión, el que consagra el empleador independiente, “solo va a promover mayor informalidad, y lo que nosotros queremos es justamente mayor formalidad”.
La cara amable de La Libertad Avanza, que promueve el diálogo con el sindicalismo más propenso a la conversación, está encarnada en Santiago Caputo. El estratega libertario cultivó muy buenos vínculos con aquellos dirigentes denominados “gordos” e “independientes” de la CGT, en una nómina que tiene al triunviro Héctor Daer, y confía en que no se produzcan rispideces.
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Pero la posición del asesor presidencial, uno de los integrantes del triángulo de hierro del jefe de Estado, choca con Sturzenegger. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se opone a cualquier tipo de ajustes de la ley y no quiere entablar puentes de contacto con el gremialismo. Un funcionario lo definió con las siguientes palabras: “Tiene un espíritu profundamente antisindical”.
Bajo este marco, llamó la atención que el extitular del Banco Central haya dicho el 19 de agosto pasado que la reglamentación de la reforma estaba lista y a punto de salir a la luz cuando en realidad posee puntos abiertos. En Balcarce 50 dicen que al ministro le pasaron información errónea, que lo llevó a pronosticar el futuro de la reglamentación, y que no tiene contactos con la Secretaría Legal y Técnica que conduce Javier Herrera Bravo.
Eso sí: nadie en LLA se anima a expresar quién le acercó un dato equivocado al ministro, una situación que lo llevó a afirmar algo que no sucedió. De todos modos, del lado de Sturzenegger tratan de bajar el tono y dicen que “los procesos burocráticos en el Estado son muy lentos, hay muchas revisiones”.
Hay más: en la central obrera el ala dura, con Pablo Moyano y el sindicalismo kirchnerista, cuestionan cualquier conexión con los libertarios y están buscando cómo encarar un nuevo paro nacional. Una postura que entra en colisión con Daer, quien cree que el peor escenario para el gremialismo es no dialogar con LLA.
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Admiten que echaron a 15 mil empleados
Javier Milei prometió motosierra a fondo contra el empleo público, con un objetivo: despedir a 70 mil trabajadores estatales a lo largo de todo el año. Pero sus palabras están lejos de la realidad, ya que hasta junio de 2024 solo redujo la planta del Estado en 14.769.
PERFIL accedió a esa cifra por medio de un pedido de acceso a la información pública. Allí, figura que la administración libertaria se encargó de discontinuar 14.769 contratos considerando la administración pública central, empresas públicas y organismos descentralizados desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024.
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Los datos de julio todavía se encuentran en proceso, aunque desde ATE, el sindicato que representa a los estatales que conduce Rodolfo Aguiar, que realizó su propio monitoreo de despidos, aseguran que después del 30 de junio, se echaron a 4.500 personas más y que el Gobierno tomó conciencia de que el Estado no puede funcionar si se sigue desprendiendo de personal.
Públicamente, Aguiar mencionó que el Gobierno a lo largo de estos meses mostró “un fuerte desconocimiento que tienen el Presidente y la mayoría de sus funcionarios acerca del Estado y su funcionamiento”. “Nosotros no creemos que este gobierno se quiera quedar sin Estado. Quieren otro Estado. Uno distinto al que hemos tenido hasta ahora”, estableció.
Cabe destacar que en los últimos meses, el oficialismo además habló de tandas de 15 mil despidos cada tres meses e informes sobre “los ñoquis” de los ministerios.
