Cannabis medicinal: punto por punto, cuáles son las modificaciones que hizo el Ministerio de Salud
Los especialistas consultados por PERFIL destacan avances y retrocesos. El uso adulto de la planta, la gran discusión que todavía está pendiente en la Argentina.
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El Ministerio de Salud de la Nación publicó una resolución en el Boletín Oficial que introdujo cambios en el régimen del cannabis medicinal. La noticia alertó a la comunidad. Al inicio de la gestión de La Libertad Avanza se había coqueteado con la posibilidad de restringir la cantidad de patologías para las cuales está autorizado el cultivo y desde el oficialismo se había agitado la idea de que había un descontrol en el otorgamiento del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). Después de varios meses, finalmente, la cartera de Mario Russo dio a conocer los cambios y se pueden observar avances y retrocesos.
Para analizar la nueva resolución, PERFIL se comunicó con Luis Osler, miembro del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa) y de la Consultora Cannabis; Marcelo Morante, médico y ex director de Programa de Cannabis del Ministerio en Salud de la Nación; y Martín Armada, editor de Revista THC. Los tres especialistas destacaron que cada punto del texto debe ser analizado por sí mismo.
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Las modificaciones más importantes tienen que ver con los requisitos para inscribir a las organizaciones autorizadas para el cultivo de la planta, la limitación a los cultivadores solidarios, la obligatoriedad para los profesionales de la salud de inscribirse en un registro y cursar una diplomatura o maestría y la imposibilidad de que en la comisión directiva de las ONG haya personas que tengan antecedentes penales.
Entre los aciertos se puede subrayar que el Gobierno decidió no restringir la cantidad de patologías, que tampoco incluyó la obligatoriedad de que las organizaciones tengan un permiso municipal (algo con lo que se había especulado) y que se pretende agilizar el registro de las ONG, una demanda histórica de la comunidad.
Entre los retrocesos, los especialistas ponen especial énfasis en el requisito de capacitación en cannabis para los profesionales de la salud(algo que no se exige nunca, incluso cuando se habla de otro tipo de tratamientos como, por ejemplo, los que incluyen opioides) y la imposibilidad de que aquellas personas que hayan tenido una causa penal no puedan estar al frente de una organización.
Por otro lado, el límite a dos personas para los cultivadores solidarios es uno de los grandes debates no resueltos dentro de la comunidad y conviven diferentes posiciones.
Finalmente, la nueva resolución sigue sin intentar dar un debate real sobre uno de los temas de fondo: ¿es posible discutir el uso adulto del cannabis? El Gobierno que hace bandera de la libertad, en este caso y al menos por ahora, decidió avanzar en el camino de las regulaciones. Morante es categórico: “Argentina no debe seguir incorporando requisitos para sumar burocracia y gastos innecesarios de recursos”.
Antecedentes penales y cultivo de cannabis
La nueva resolución establece que los miembros de la comisión directiva de las asociaciones civiles o fundaciones no deben tener antecedentes penales “que guarden relación con la comisión de un delito relativo al uso de estupefacientes o sustancias prohibidas o el uso indebido del cannabis medicinal”. En este punto, los tres especialistas coincidieron en el rechazo.
Armada cuestionó que el texto "presupone que la persona va a cometer un delito”: “Llevando el asunto al extremo: si una persona estuvo presa y tiene un hijo con epilepsia, ¿por qué no tendría derecho a formar parte de una organización que trabaje por garantizar el acceso al cannabis medicinal?. Al establecer una prohibición vinculada específicamente a la ley de drogas y a un uso indebido que no está ni siquiera tipificado, es bastante claro que se redactó con más prejuicio que racionalidad”, se preguntó.
Osler, por su parte, señaló que es importante recordar que el uso de estupefacientes es un asunto que ya fue despenalizado por la Corte Suprema en el famoso Caso Arriola, pero que “hasta hace muy poco tiempo te podían abrir una causa por tener dos porros”. Más todavía, en la comunidad cannábica abundan los casos de cultivadores que tuvieron que dar explicaciones en la Justicia Penal a pesar de haber sido los pioneros en la lucha por el cannabis medicinal.
“Se corta el hilo de la forma más injusta. Hay muchas personas que tuvieron causas por cultivo y fueron quienes brindaron su conocimiento para que esto del cannabis hoy sea algo muy serio con trazabilidad y seguridad. Los cultivadores siempre fueron perseguidos y sin ellos hoy no existiría el cannabis medicinal”, agregó Osler.
El abogado, además, cuestionó la falta de claridad del concepto “uso indebido del cannabis medicinal” en el texto. “En todo caso, debería decir ‘prescripción médica indebida’, aunque eso también sería discutible”, reflexionó.
Morante utilizó un ejemplo personal: “Una vez me tocó atestiguar en un juicio oral en Quilmes en la causa de un chico que estaba imputado y que tenía el Reprocann con un diagnóstico de insomnio. El fiscal me dijo que yo le tendría que haber pedido los antecedentes penales. ¿Pero cómo se los voy a pedir?, ¿por qué lo haría con el cannabis si no los médicos no lo hacemos cuando recetamos, por ejemplo, morfina? Imaginemos que un hombre venga con cáncer y dolor, y antes de prescribirle algo que le pueda hacer bien le preguntamos si tuvo una causa”.
Capacitación en cannabis
El segundo punto cuestionado es el que incorporó como “requisito excluyente” para los profesionales de la salud estar inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), un registro creado por el actual Gobierno, y tener una diplomatura o maestría sobre el uso medicinal de la planta de cannabis.
Tanto Osler como Morante están al frente de capacitaciones y coincidieron en que la obligatoriedad es un error. “Por supuesto que la formación siempre es buena y en todos los ámbitos y la mayoría de los médicos que prescriben cannabis, por responsabilidad, se capacitan. Pero en Argentina no hay diplomaturas o maestrías gratuitas y, por lo tanto, este punto termina siendo una restricción que se define por dinero”, sostuvo el abogado.
Morante, por su parte, se quejó sobre la discriminación en las exigencias para prescribir cannabis y alertó sobre la burocratización del régimen: “¿Quién va a certificar las diplomaturas y las maestrías?, ¿quién se va a hacer cargo del nuevo registro de profesionales? El cannabis es una herramienta, no una especialidad médica. En Estados Unidos, por ejemplo, los opioides mataron a más personas que el covid y nadie le exige a un médico una diplomatura en opioides. Claro que es un desafío educativo y es bueno que haya capacitación para los médicos, los policías y los fiscales, pero pensar esto como un requisito excluyente es un problema”, sostuvo.
ONG y cultivadores solidarios
Hay un aspecto de la resolución que sí fue bien recibido: la clarificación de los requisitos para inscribir a una ONG que trabaje enlazada con el Reprocann. Según Osler, hay cuestiones “lógicas”, como tener una personería jurídica y un objeto social acorde. Es más, aseguró que la gran mayoría de las organizaciones no van a tener inconvenientes porque ya tienen todos los papeles al día.
El abogado también celebró que la resolución habilita el traslado de materia vegetal por parte de las ONG, “algo que soluciona algunos problemas porque no siempre las personas pueden acercarse a la organización a retirar”. También, señaló como un aspecto positivo que estas entidades ahora puedan tener múltiples domicilios de cultivo.
Morante, que fue funcionario de la ex ministra de Salud Carla Vizzotti, también se manifestó a favor de facilitar la inscripción de las ONG y sostuvo que era algo en lo que se venía trabajando: “Cuando empezamos había 7 o 10 y de repente hubo una escalada, todo el mundo tenía una ONG de cannabis y claramente había que ordenar ese escenario”
“La aprobación de permisos en las tres tipologías (autocultivo, cultivo solidario y ONG) no está funcionando a un ritmo óptimo. Básicamente, falta personal para que se encargue de las solicitudes. Pero la resolución, en principio, permitiría destrabar el otorgamiento de autorizaciones a las organizaciones porque clarifica cuáles son los requisitos. Aunque al mismo tiempo, todo nuevo requerimiento burocrático en un sistema colapsado puede funcionar como un dique para garantizar un derecho a tiempo”, agregó en la misma línea Armada.
El asunto de las ONG se toca, de alguna forma, con el de los cultivadores solidarios. Si bien son categorías diferentes, en la práctica se trata de mecanismos para que se pueda abastecer a otros que necesitan cannabis medicinal.
Este es un tema de discusión dentro de la comunidad cannábica, ya que algunos cuestionan que la figura de “cultivador solidario” se haya desvirtuado haciendo que, en la práctica, muchas personas cultiven para otros sin todos los requisitos que se le pide a una organización, mientras que otros defienden el mecanismo para agilizar y ampliar el acceso. La nueva resolución limita el registro de cultivadores solidarios a dos personas.
Osler, que trabajó en el primer proyecto de la Ley de Cannabis Medicinal, contó que es fundamental conocer por qué se creó esa figura: “Se había armado Mamá Cultiva, se le enseñaba a la gente a cultivar, pero había muchas madres que no podían, que no tenían el tiempo o la energía de encargarse de una planta cuando su niño convulsionaba 200 veces al día. ¿Qué buscamos? Que haya otros que puedan cultivar solidariamente… un marido, un tío, una amiga, personas que puedan abastecer su círculo”.
El abogado reconoció que con el tiempo esa figura, en algunos casos, se convirtió en otra cosa: “Aparecieron personas hábiles para los negocios y armaron empresas. Hubo cierto descontrol y frente a eso ahora el ministerio respondió así. Hay cultivadores solidarios que tienen vinculados tres pacientes y otros ochenta. La resolución lo restringió a dos y aunque sabemos que había discrecionalidad, esto también es un problema porque hay muchos que cultivan para su grupo familiar. Se podría haber utilizado otro criterio como, por ejemplo, la cercanía, pero no se quiso profundizar en para qué sirve o cómo nació la figura del solidario”, agregó.
Uso adulto del cannabis, el gran debate pendiente
El cannabis medicinal es todo un universo en el que se ponen en juego cuestiones de salud y de derechos, productivas, económicas y también políticas. Desde que se comenzó a trabajar en la Argentina por una legislación hacia el interior de la comunidad surgieron tensiones. No todos piensan lo mismo: mientras que hay un sector que defiende con cierto “purismo” el uso terapéutico de la planta, otros subrayan que buena parte de las encrucijadas y dilemas actuales se resolverían si se diera un debate real sobre el uso adulto del cannabis.
Morante está en esta línea. Es un médico de referencia en cannabis medicinal y, de hecho, contó que a pesar de haber sido funcionario en la gestión anterior se mantuvo en contacto con el actual secretario de Calidad en Salud, Leonardo Busso. Para este profesional, si bien la resolución tiene aciertos, errores y discusiones, sigue sin atender la cuestión de fondo.
“En vez de incorporar cada vez más requisitos, especializaciones y papelerío podríamos discutir el cannabis con la realidad. Si una persona quiere usar en su libertad cannabis, tiene más de 18 años y no está intoxicado para manejar, ¿por qué no? El ejemplo más equiparable es el alcohol. Vos tenés que regular para reducir daños, no para generar más burocracia”, reflexionó.
Desde que apareció el Reprocann es cierto que hubo una demanda exponencial de autorizaciones. El problema, según Morante, es que en la Argentina hay entre 6 y 8 millones de usuarios de cannabis y todos quieren acceder a este registro para evitar problemas con la ley, tengan o no problemas de salud. La consecuencia es que una oficina que debería atender asuntos médicos está colapsada y para aquellos que requieren un acceso con cierta trazabilidad, por ejemplo, no reciben respuesta con la celeridad correspondiente. En esa línea, sostuvo: “Estás usando recursos que el ministerio necesita para otros programas”.
Para el médico, esa es la gran discusión actual en cannabis y es optimista a pesar de que desde un sector del oficialismo, sobre todo desde Seguridad, se insista en profundizar con una política prohibicionista: “Si en 2014 pudimos discutir este tema con la sociedad científica, que es mucho más dura que la que puede tener el Ministerio de seguridad, podemos hacerlo ahora”, aseguró.
