El despido del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, por parte del gobierno de Javier Milei, reveló que son doscientas las causas en la Justicia en donde el organismo figura como querellante, las cuales con este cambio en la presidencia podría dejar de hacerlo. Justamente que el Estado sea querellante en ciertas causas y el uso político de la institución aceleró su salida.
Resulta que Yacobucci para el Gobierno era proclive a ser querellante en algunas causas de corrupción como por ejemplo, en las de Hotesur-Los Sauces, causa Cuadernos, contra Martín Insaurralde y en especial en las que tienen a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como protagonista.
En medio de las negociaciones tras el anuncio de las sesiones extraordinarias en donde necesitan no solo votos de los aliados, sino que también envían gestos al peronismo, en la Casa Rosada se preguntan: “¿Por qué la UIF es querellante en unas causas y en otras no?”.
Una pregunta atinada en este verano signado por los objetivos legislativos que el propio oficialismo se impuso alcanzar, en donde juega con el ingreso de la re-redactada Ley de Ficha Limpia y aún necesita juntar los votos de los dos tercios del Senado para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tras informarle a Yacobucci la decisión de su salida, confirmó que va a ser reemplazado por el fiscal federal Paul Starc. Conocido por llevar como insignia el fracaso de la investigación del caso Pomar en 2009, y además es el exesposo de María Eugenia Talerico, quien fue exvicepresidenta de la propia UIF en tiempos del macrismo. La misma Talerico venía de tener una discusión pública en la red social X con una cuenta que se atribuye al asesor presidencial y tridente del poder libertario, Santiago Caputo. Un gesto más de tensión para la tironeada relación entre el PRO y LLA.
Cristina Kirchner no ignoró el tema ya que replicó un mensaje de su exfuncionario y actual ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, quien entró en la discusión por las querellas de la UIF al recordar que “hasta 2015 la UIF no investigó, ni acusó a ningún político, se avanzó en las investigaciones del delito precedente para crímenes organizados hasta que llegó Mauricio Macri”, y agregó que en en el gobierno kirchnerista “las querellas de la UIF, hasta el 2015, fueron contra traficantes de personas (clan Ale, secuestrador de Marita Verón), narcotraficantes (“Carbón Blanco”, “Manzanas Blancas”, Los Monos en Rosario, entre otras) y contra megalavadores de dinero”.
Si bien desde el Gobierno esgrimen varias razones para justificar la salida de Yacobucci, entre las que figuran deficiencias en los análisis de financiamiento del terrorismo y de sus operadores, un bajo volúmen de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), una escaso número de solicitudes de cooperación internacional y le asignan ser desobediente a la política de austeridad, por viajes en primera clase y exageradas recepciones a comitivas internacionales.
La razón de fondo tiene que ver con la mirada distinta que tiene el mileísmo frente a la causas de corrupción de exfuncionarios, lo desconfiaban por hacer aparecer como querellante en causas por razones más coyunturales que técnicas. Para la Casa Rosada la UIF “no debería ser querellante necesariamente en ninguna causa”. Se apoyan en los conceptos que expresan desde el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde la Argentina logró este año, bajo la gestión de Yacobucci, no entrar en la lista gris del organismo internacional donde se penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero.
Desde el Gobierno recuerdan que en esa gestión internacional tuvo que ser relegado al cargo de coordinador durante las presentaciones. Incluso resaltan que es el propio GAFI quien recomendó que la UIF no debería hacer querellas y que “sólo sucede en dos países en el mundo y con intenciones de perseguir”.
Además de Argentina, el otro país con facultades técnicas de querellar es México, donde se dejó de usar por el riesgo a atentados y represalias reales que significó realizarlos. Yacobucci es el segundo titular de la UIF que es desplazado y desde el jueves se sumó a los 112 funcionarios que se fueron o los fueron de la gestión libertaria en estos cuatrocientos días.
El reemplazante, un mensaje al macrismo
El fiscal federal de San Martín, Paulo ‘Paul’ Starc asumirá en los próximos días como titular de la UIF.
El pasado de Starc se enmarca dentro de la política bonaerense, particularmente asociada al gobierno de Daniel Scioli. El caso de la familia Pomar es el que más resuena en su legajo. En 2010 era subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal. Starc había renunciado al cargo tras la polémica desatada por la desaparición de la familia. En aquel entonces, reconoció que “en algún lado falló” la tarea de los funcionarios judiciales y policiales encargados de la búsqueda de los Pomar.
Sobre su vida privada, Starc estuvo casado con María Eugenia Talerico, con quien tuvo dos hijas y en la actualidad no tienen buen vínculo. Esta dirigente viene siendo fuertemente apuntada por los libertarios que aseguran que quiso entrar al Gobierno como titular de Migraciones, pero no pasó el filtro.
En una cuenta de X que se vincula extraoficialmente a Caputo, apareció un posteo que respondía directamente a la exfuncionaria: “Lo que me voy a reír de Talerico la semana que viene”, decía. Fue subido el 10 de enero. Ahora que se conoció la designación de Starc al frente de la UIF.
Talerico había manifestado: “Santiago Caputo es la persona de este Gobierno llamado a hacer las cosas que institucionalmente están mal. Ariel Lijo (candidato a la Corte Suprema) representa en este Gobierno lo que pasa con Andrés Vázquez en la AFIP, lo que pasa con Edgardo Kueider cruzando una frontera, el atraso de ‘Ficha Limpia’, la negociación con los distintos senadores. Santiago Caputo es el hacedor de todas estas macanas institucionales que puede hacer que esto termine mal”.
