Mario Lugones arribó al Ministerio de Salud hace tres meses y quiere implementar cambios profundos a toda costa y a la mayor velocidad posible en este 2025.
Con dos objetivos principales: establecer cambios de las compras de los hospitales que la cartera tiene a cargo y terminar con las adquisiciones compulsivas de medicamentos oncológicos que generan los amparos judiciales.
El funcionario que reemplazó a Mario Russo quiere “pasar a nafta” a la gestión de la cartera y va a revisar los mecanismos de licitación de los once hospitales nacionales.
Con la lupa en cientos de contratos y números, el ministro ya encontró que muchas entidades tienen a los mismos proveedores desde hace por lo menos diez años, lo que avala una teoría que posee desde que comenzó a integrar el gabinete libertario: que las licitaciones están direccionadas.
De hecho, como dan cuenta fuentes libertarias ante PERFIL, el ministro trabaja en un informe dando detalles de lo registrado y planea establecer un nuevo mecanismo, con mayor transparencia y abierto, para que los hospitales adquieran insumos.
Es más: con ese ahorro que implicaría la modificación del esquema de licitaciones, cada consejo de administración de las entidades podrían afrontar aumentos salariales del personal.
Hoy, en el oficialismo, reconocen que los salarios de los trabajadores quedaron “desfasados” y que deberían recomponerse este año.
En el Hospital Garrahan, por ejemplo, los gremios involucrados, como ATE, exigen una mejora salarial del 100% y que el piso salarial quede en equivalencia al costo de la canasta básica familiar, de 1.550.000 pesos.
Hay otro tema que preocupa al ministro: la cantidad de amparos que tienen éxito generados por pacientes que afrontan tratamientos de alta complejidad y que requieren medicamentos oncológicos.
Por ley, las obras sociales y prepagas están obligadas a cubrir al 100% esos remedios que son aprobados por la autoridad de aplicación y que son subsidiados por el Ministerio de Salud, a través del Programa Médico Obligatorio (más conocido como el PMO).
Lo que sucede en la mayoría de los casos es que se produce una demora entre el pedido del paciente y la entrega del medicamento.
Y, ante esa situación, el paciente recurre a la Justicia mediante un amparo para ganar tiempo, algo que obliga a que las prepagas y las obras sociales salgan de manera desesperada a adquirir el medicamento.
Una fuente al tanto de lo que pasa dice que “en el apuro, se compra mal y caro”.
Por lo cual se están evaluando acciones que “terminen con la industria del juicio”, con un PMO fortalecido, capaz de dar respuestas a las demandas que tiene.
Según pudo saber PERFIL, los caciques de la CGT que están al tanto de lo que pasa en las obras sociales que administran están de acuerdo con los lineamientos de Lugones y dispuestos a trabajar en conjunto para frenar los amparos.
¿Traspaso de hospitales?
En septiembre pasado, en Balcarce 50 la idea sonó con fuerza: traspasar los hospitales nacionales a las provincias. Pero hoy es solo eso, una idea ante las dificultades que aparecen para ponerla en práctica.
Hoy, el costo de mantener los hospitales nacionales equivale a 450 mil millones de pesos anuales y lo ideal para el Gobierno es que cada provincia se haga cargo de las entidades que están en cada territorio. No obstante, los ministros de Salud de los distritos ya avisaron que eso no es posible, porque directamente no tienen los presupuestos para sostenerlos, y si tuviesen fondos, deberían encarar licitaciones que demandan al menos seis meses.
Es más: los funcionarios provinciales cuyos gobiernos sintonizan con las premisas libertarias podrían sentarse a discutir cómo pueden absorber funciones que hoy están en la órbita de Lugones, como la cobertura de medicamentos.
