El fiscal federal Eduardo Taiano prepara una batería de medidas en la causa donde se investiga a Patricia Bullrich por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos y lesiones graves calificadas por alevosía por el accionar de la Policía durante los incidentes en la zona del Congreso durante la votación que ratificó el veto a la reforma jubilatoria.
Fuentes judiciales con acceso al expediente confirmaron a PERFIL que por el momento la fiscalía habría solicitado los sumarios de las actuaciones policiales del 11 de septiembre pasado, donde hubo al menos tres detenidos, así como también la identificación de todos y cada uno de los oficiales afectados al operativo y las imágenes de las cámaras de seguridad de todas las áreas donde se generaron los incidentes.
Además de identificar a quiénes participaron de la represión, esta tanda de medidas apuntan a corroborar cómo se iniciaron los hechos represivos donde se vieron afectados varios jubilados que protestaban por el efecto nocivo de los gases empleados por la Policía.
Sin embargo, otro de los puntos más preocupantes, tiene que ver con la afectación que tuvo Fabricia Pegoraro, una niña de 10 años quien junto a su mamá Carla, fueron rociadas con gas lacrimógeno. Madre e hija son parte querellante en el expediente bajo el patrocinio del penalista Gregorio Dalbón.
La acusación de la querella también alcanza a la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, al comisario a cargo del operativo Gerardo Ariel Perillo Scampini, y un efectivo policial identificado mediáticamente como Rivaldi, de quienes se pide investigar su accionar, los dos primeros funcionarios acompañaban a la ministra Bullrich en el centro de monitoreo siguiendo todo el procedimiento.
Ante todos los hechos que vienen ocurriendo y que involucran a dependencias que responden a Bullrich, la Justicia reaccionó notablemente. Esta misma semana, la Corte Suprema dejó firmes las condenas del secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y del por entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, en la causa por la muerte de Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, además de los otros veinte heridos por la Policía durante las protestas en Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001, en medio del Estado de Sitio que había decretado Fernando de la Rúa.
Una de las cuestiones que tiene por resolver la Corte relacionada a las fuerzas de seguridad tiene que ver si la reglamentación del protocolo antipiquete impulsado por Javier Milei a instancia de Bullrich, va en línea con la legislación argentina. Todo ello a raíz de la acción judicial iniciada por la legisladora Celeste Fierro, que quedó en manos del máximo tribunal luego que la causa pasara al menos por cuatro fueros judiciales distintos. Además de la de Taiano, otro fiscal de Comodoro Py investiga el comportamiento de la fuerza de seguridad mientras se llevaba adelante otro debate en el Congreso.
Se trata de Franco Picardi, quien en el marco del expediente por las agresiones durante las manifestaciones mientras se discutía la ley “Bases” en el Senado el pasado 14 de junio, reactivó la investigación donde requirió testimonios de manifestantes y de legisladores nacionales.
Denuncia por el asado en Olivos
El asado en la quinta de Olivos para los diputados que apoyaron el veto a la reforma jubilatoria llegó a Comodoro Py. Tanto el primer mandatario Javier Milei como su hermana, Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, fueron denunciados por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública.
La denuncia penal radicada por la Asociación Civil Arco Social en los tribunales federales de Retiro, apunta al evento del pasado 17 de septiembre en la residencia presidencial, donde además, participaron más de ochenta personas entre legisladores y funcionarios nacionales quienes abonaron $ 20 mil a fin de cubrir los costos de dicha cena para la que no se recibía dinero en efectivo sino que se utilizaron varios posnet.
Las terminales posnet estaban asociadas al CUIT de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei.
Para los denunciantes la recaudación de un evento que nada tiene que ver con la actividad del Estado con el uso del código único tributario afectado al organismo cuya función es asistir al Presidente, además del empleo de los espacios de la residencia presidencial para tal fin incurriría en un delito.
La denuncia que tendrá que ser ratificada en los próximos días, quedó radicada por sorteo en el Juzgado Federal N°9, que subroga María Eugenia Capuchetti quien trabaja con Eduardo Taiano, interinamente a cargo de la fiscalía N° 8.
