Cerca de vencer el plazo, el dirigente del Polo Obrero se presentó en Comodoro Py para apelar el procesamiento dictado a comienzo de esta semana por el juez Sebastián Casanello quien acreditó la existencia de “una maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública entre funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y miembros de esa organización”, de acuerdo al expediente, dicha maniobra fue para fines políticos con fondos que el Estado entregaba en el marco del plan Potenciar Trabajo.
Belliboni arribó a media mañana de este viernes a los tribunales de Retiro con su abogada Liliana Alanis. Junto a ellos, un camión de donde bajaron diversos carteles con facturas ampliadas y una gigantografía con varias imágenes de distintas obras, emprendimientos y actividades productivas del polo obrero en dieciocho provincias.
El referente del Polo Obrero criticó que horas después de su procesamiento, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a decir en sus redes sociales que desde ese espacio se realizaban maniobras de lavado de dinero, “cuando la imputación en el expediente es por administración fraudulenta y desvío de fondos”.
En su apelación Belliboni dijo que el procesamiento de Casanello fue apresurado e ilegal y constituye una negación al derecho a la defensa. Agregó que el llamado desvío de fondos fueron destinados a 43 obras y actividades productivas en dieciocho provincias. En esa línea manifestó que las llamadas “facturas truchas” emitidas por la firma Costex para la AFIP en el 2022 eran completamente legales.
“Nos están acusando de algo que no hicimos y esto tiene que ver con una campaña de criminalización de las organizaciones sociales”, enfatizó Belliboni quien dijo no confiar en la Justicia e insistió con su ampliación de indagatoria que había formulado el pasado 11 de julio en la cual el juez estuvo presente.
Finalmente, afirmó que con “el apresurado procesamiento del juez le dio lugar a Patricia Bullrich para decir que resolvieron el tema de las movilizaciones en la calle” y adelantó que el próximo 7 de agosto se movilizarán con la CGT y la CTA contra la situación social, de hambre y desocupación que sufren los trabajadores.
Por otra parte, el Ministerio Público también apeló la decisión de Casanello. El fiscal Gerardo Pollicita reclamó que además del delito por el que procesó a Belliboni se le sume el de extorsión por aprietes a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
Pollicita sigue teniendo en la mira a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, quien durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo a cargo de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social por entonces encabezado por Victoria Tolosa Paz. Es por ello que insistió con su llamado a indagatoria y el de otros exfuncionarios de esa cartera.
Para el fiscal no hay dudas de “la existencia de una estructura piramidal conformada por los imputados que, de forma general, sistemático y organizado, realizó las “prácticas coactivas y extorsivas” en las que se priorizaba o castigaba a personas de acuerdo a sus aportes en dinero o asistencia a las movilizaciones. Precisamente la causa se funda en una denuncia del Ministerio de Seguridad quien en diciembre del año pasado y en el marco de una marcha contra el presidente Javier Milei habilitó una línea telefónica para denunciar estas irregularidades.
Ahora, Casanello deberá determinar si concede o no ambos recursos. En caso afirmativo, será la Sala I de la Cámara Federal Porteña integrada por los magistrados Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi quienes eventualmente ratifiquen, rechacen la decisión del juez y hagan lugar al reclamo del fiscal.
