A un efecto, una reacción. No pasaron ni cuarenta y ocho horas desde que el gobierno de Axel Kicillof ratificó junto a una veintena de intendentes que iban a realizar una presentación judicial contra el gobierno de Javier Milei por la reanudación de las obras de mantenimiento en las rutas nacionales. Cuando en la mañana del viernes el portavoz, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno dio inicio al proceso de privatización de Corredores Viales SA, Empresa pública creada en 2017 por Mauricio Macri y que creció durante la presidencia de Alberto Fernández.
Una reacción que intenta mostrar un doble golpe a adversarios y aliados, que activa el gen privatizador del mileismo que empezó el año pasado con la venta de la histórica empresa metalúrgica argentina Impsa y la puesta al mercado de Belgrano Cargas y Logística.
Corredores Viales SA se encarga de la gestión de la infraestructura, el tránsito de rutas y autopistas. En donde administra seis mil kilómetros de traza, divididos en diez tramos que atraviesan catorce provincias: Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Jujuy, Corrientes, Chaco y Misiones. Por las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 19, 34, 188, 193, 205, y además de tramos por Autopistas Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery.
Según el comunicado oficial emitido por el gobierno de Milei entre los motivos de la privatización destacan que el ministerio de Federico Sturzenegger detectó que el 45% de toda la red vial argentina es gestionado por esta empresa y no se encuentran en condiciones óptimas para la circulación vehicular. “A pesar de que en Argentina hay rutas y autopistas gestionadas por el sector privado, anteriores gobiernos se empecinaron en sostener esta empresa estatal deficitaria que le costó a nuestro país solo en 2023 unos 301 mil millones de pesos”, indicaron desde la vocería oficial.
“Todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar. Todo lo que pueda pasar al sector privado para que sea más eficiente, así se hará”, resonaba en la voz de Adorni en octubre del año pasado. Un paralelismo, homenaje o copia fiel al original del menemismo que recuerda el “Nada que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, pronunciado en aquellos años noventistas por Roberto Dromi, el exministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem. Después de un año en la presidencia, el gobierno de Javier Milei activó ese gen privatizador con el que prometió achicar el Estado desde la campaña electoral.
En el proyecto de ley que el mileismo dio en llamar Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, esperaba privatizar cuarenta y un organismos, empresas y servicios públicos.
Tras su paso por ambas cámaras del Congreso Nacional hasta su promulgación de esos cuarenta y uno quedaron sólo once sujetas a pasar a capitales privados: Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Durante el tránsito legislativo se quitaron de esa lista YPF, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y empresas de medios públicos. La empresa de aguas y saneamiento AySA es la joya del león a privatizar este año, pero pasaría al segundo semestre dentro del tiempo de contienda electoral.
El gen privatizador del mileismo está activo. Mientras el relato oficial sostiene que tiene raíces en la ideología política libertaria, la comparación con la necesidad noventista de ingreso de dólares para sostener el tipo de cambio es inevitable.
