La Justicia argentina quiere que Edgardo Kueider responda en el país por las causas por enriquecimiento ilícito, lavado e incumplimiento de funcionario público que tiene abiertas. Por estas horas, la magistrada Sandra Arroyo Salgado evalúa cómo encauzar el pedido de extradición a la Justicia paraguaya donde el exsenador es investigado por contrabando agravado.
Kueider sigue muy de cerca lo que ocurre en la Justicia federal de San Isidro como de la provincial de Entre Ríos, sin embargo su mayor prioridad (y preocupación) es recuperar su inmunidad parlamentaria y así garantizarse no quedar detenido no bien ponga un pie en la Argentina.
Para ello recurrió a la propia Justicia para que lo reponga en su cargo y le restituya los fueros, todo esto a través de un amparo en manos del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, donde argumentó que el Senado de la Nación no tiene información oficial de la causa que se le sigue en Paraguay y que la sesión en la Cámara alta donde se votó su expulsión del cuerpo estuvo plagada de irregularidades, y denunció una supuesta situación de acefalía en el Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Italia mientras Victoria Villarruel ejercía como titular de la Cámara alta en lugar de presidenta a cargo del Ejecutivo.
A primera hora del jueves, Arroyo Salgado, le dirigió un oficio a Villarruel donde solicitó el desafuero de Kueider “con el objeto de proceder a su detención” al tiempo que le notificó que se dispuso el secreto de sumario en la causa.
En consecuencia, la jueza ordenó más de media docena de allanamientos a propiedades vinculadas a Kueider y su entorno. Los procedimientos se extendieron a Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. El último y que mayor trascendencia tuvo fue el de su despacho en el anexo del Senado de la Nación.
Uno de los edificios allanados por Gendarmería Nacional se encuentra en la localidad entrerriana de Paraná, donde hasta mayo de 2024 Betail Sociedad Anónima aparecía en papeles como propietaria de tres departamentos y dos cocheras. La mitad del paquete accionario de esa firma era propiedad de Kueider y de su amigo Daniel González desde hace cinco años. Desde mediados de 2024, figura un nombre conocido como la responsable de las expensas de las cinco unidades: Iara Guinsel Costa, secretaria del exsenador también detenida en Paraguay.
Para Arroyo Salgado esta última maniobra que involucra a Guinsel Costa pudo haberse dado con el fin de ocultar pruebas. Por lo que no se descarta que con el avance de la causa pueda pedir la inhibición de estos bienes. La jueza también tuvo en cuenta todos los viajes que hizo el exsenador al vecino país, que desde marzo de este año a la fecha fueron seis, cinco de los cuales fueron con su secretaria por vía terrestre y empleando el mismo vehículo con el que fueron detenidos a comienzo de mes.
La magistrada federal sanisidrense busca robustecer el cuadro probatorio para concretar su imputación y un posterior llamado a indagatoria. Pero primero quiere asegurarse de que Kueider llegue detenido a la Argentina en caso de que logre la extradición del exsenador a través de un convenio vigente desde hace 24 años con Paraguay. El proceso debe ser aprobado por la Justicia de ese país a través de un juicio donde interviene un magistrado de Garantías.
Lo anterior corre en un carril distinto a lo que enfrenta en Paraguay, donde tiene un proceso administrativo y el otro penal. En el primero, según Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de ese país, ni el exsenador ni su secretaria declararon ni presentaron documentación que acreditara la posesión de los 211 mil dólares, para lo cual cuentan con 90 días para hacer el descargo. En el segundo, es por contrabando, y cumple prisión domiciliaria en un lujoso departamento de Asunción tras pagar una fianza de 150 mil dólares, acá se sospecha del lavado como delito precedente.
Aunque Kueider desconfía de pedir la eximición de prisión en Argentina, es una carta al aire que podría jugarse. Sin embargo, hay factores que le juegan en contra para obtener la prisión domiciliaria en el país. Para ello, entre otras cosas, tendrá que acreditar fehacientemente que por un lado no entorpezca la investigación y no represente riesgo de fuga.
Pero a lo que realmente apuesta es a que el juez Lavié Pico haga lugar a su amparo, se reincorpore a su cargo, se restituyan los fueros y así ejercer su derecho a la defensa y exponer su versión de los hechos tanto en el Senado como en la Justicia.
