La Fiscalía General de Venezuela solicitó una orden de aprehensión contra el excandidato opositor Edmundo González Urrutia, por la presunta comisión de delitos de conspiración, usurpación de funciones y sabotaje a daños de sistemas. El Gobierno de Javier Milei, a través de la Cancillería, condenó la medida y alertó “a la comunidad internacional” sobre “las infames acciones de la dictadura" de Nicolás Maduro.
“La República Argentina rechaza la solicitud de aprehensión emitida por el Ministerio Público Fiscal de la dictadura de Maduro contra el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, y alerta a la comunidad internacional sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas”, publicó la cartera liderada por Diana Mondino, en su web oficial.
La dura denuncia del Gobierno detalló: “En un contexto de violaciones masivas de derechos humanos ante las protestas populares desatadas tras un burdo fraude electoral, el régimen pretende cercenar la lucha por la democracia y la libertad, persiguiendo a los líderes de la oposición, los cuales son víctimas de una despiadada persecución política, violentando todos sus derechos fundamentales en un marco de terrorismo de Estado”.
Además, el comunicado de prensa determina: “la República Argentina no permanecerá indiferente ante las infames acciones de la dictadura de Maduro y continuará apoyando a su pueblo en su batalla por recuperar la democracia”. El pedido de detención llegó después de que González Urrutia se proclamara como vencedor de las elecciones presidenciales celebradas a finales de julio y en las que el Consejo Nacional Electoral dio la victoria al presidente Nicolás Maduro, resultados cuestionados a nivel internacional.
Por qué pidió el chavismo la detención de González Urrutia
El documento, firmado por el fiscal auxiliar Luis Ernesto Dueñez, pide la detención de González Urrutia por los supuestos delitos de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas" y "asociación".
La solicitud llega después de que el excandidato opositor no acudiese el viernes a la sede de la Fiscalía que lo investiga por la publicación en Internet de datos que acreditarían su victoria en los comicios del 28 de junio, tratándose de la tercera vez que se negó a comparecer. El diplomático —en la clandestinidad desde el 30 de julio— argumentó que el Ministerio Público actuaba como un "acusador político" que lo sometería a un proceso "sin garantías de independencia y del debido proceso".
Las citaciones estaban enfocadas en el sitio web en el que la oposición publicó copias de más del 80% de las actas de votación, que asegura prueban la victoria de González Urrutia el 28 de julio y el fraude de Maduro. El Ministerio Público ya había advertido que, de no acudir, entendería que había "peligro de fuga" y "peligro de obstaculización" de las investigaciones.
Maduro pidió públicamente cárcel para González Urrutia y para la líder opositora María Corina Machado, también en la clandestinidad, responsabilizándolos de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos —dos de ellos militares—, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El fiscal general, Tarek William Saab, ya había anunciado una investigación penal contra ambos por "instigación a la insurrección" militar.
ML / ds
