Este miércoles 18 de diciembre apareció en público Rodolfo Daniel González, conocido como "Gonzalito", el hombre que fue mencionado varias veces en el marco de las investigaciones sobre el patrimonio del Edgardo Kueider, señalado como uno de sus socios y como el titular de la camioneta en la que el ex senador ingresó a Paraguay.
La información fue confirmada por un periodista de Diario Río Uruguay, medio que explicó que González se presentó en los tribunales de Concordia, lugar desde el que fue derivado a la Jefatura Departamental de Policía con el objetivo de cumplir con los trámites requeridos en Antecedentes.
Edgardo Kueider habría intentado contactarse con senadores de Paraguay cuando fue detenido
El hombre cercano al exsenador se presentó acompañado por su abogado Juan Grimberg, quien lo asesoró en todo momento desde su llegada a la dependencia policial hasta su traslado a la sede de tribunales, donde esperaba por él el fiscal José Arias que lleva adelante la investigación.
González trabaja en la Cámara de Senadores y se encuentra registrado como socio de Kueider dentro de la empresa Betail S.A. Asimismo, figura como titular de la camioneta Chevrolet en la que el exlegislador intentó ingresar a Ciudad del Este, junto a Iara Guinsel, con más de 200 mil dólares y más de 600 mil pesos argentinos sin declarar.
La Justicia Federal pidió la extradición de Kueider y su secretaria
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado envió este martes un exhorto internacional a Paraguay para pedir las extradiciones del exsenador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa, con fines de tomar declaración indagatoria a ambos en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito. La magistrada realizó el pedido a través de la Cancillería argentina y solicitó además que sean detenidos una vez que ingresen al país.
También pidió una serie de medidas de prueba a sus pares paraguayos, como el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos que los imputados llevaban cuando intentaron cruzar a Paraguay con 211.000 dólares sin declarar, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.
Sumado a esto, Arroyo Salgado requirió que se allane el departamento en Asunción donde cumplen arresto domiciliario y se envíe todo elemento que pueda resultar de interés, en particular dispositivos electrónicos.
En el exhorto, se informó a la Justicia paraguaya que Kueider y Guinsel Costa son requeridos para tomarles declaración indagatoria bajo la imputación de integrar una asociación ilícita para cometer maniobras de lavado de activos desde principios de 2017 al presente. La jueza reclamó además que la Justicia de Paraguay secuestre de manera inmediata teléfonos celulares, computadoras, pendrives y discos externos que tengan los acusados.
La causa que tiene Arroyo Salgado se abrió en julio pasado tras una denuncia a raíz de publicaciones de la revista Análisis y el sitio El Disenso, que revelaron que el exsenador tenía tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná. Los inmuebles están a nombre de una sociedad inactiva que se llama Betail SA, la cual sospechan que habría sido una pantalla para ocultar que Kueider sería el verdadero dueño. Las expensas de esas propiedades pasaron a estar a nombre de Guinsel Costa, quien ya figuraba como empleada del exlegislador en el Senado.
La investigación contra ambos se unificó con la que se lleva adelante en el juzgado federal de San Isidro y la fiscalía de ese distrito a cargo de Fernando Domínguez por pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad privada Securitas a exfuncionarios entrerrianos vinculados a la empresa provincial de energía ENERSA para adjudicarse contratos entre 2016 y 2018. En ese período, Kuieder era secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet.
Kueider ya no tiene fueros parlamentarios y por ello puede ser detenido en Argentina, más allá de que presentó una acción de amparo para que se revierta esta situación, que por el momento está sin resolver en el fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires. La imputación en su contra es por delitos como enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles y lavado de activos.
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