Este jueves, la querella de familiares de las víctimas de la AMIA le solicitará al juez federal Daniel Rafecas y a el fiscal Sebastián Basso aplicar la Ley de "Juicio en ausencia" en la causa correspondiente al atentado terrorista cometido en 1994 que dejó 85 víctimas fatales.
El abogado Tomás Farini Duggan, representante de los familiares de los fallecidos Luis Czyzewski y Mario Averbuch, será el encargado de presentar el pedido, según indicaron fuentes judiciales a Clarín. Antes de la mencionada normativa, no era posible juzgar a quienes se encontraran prófugos en el marco de causas de tal gravedad.
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En la causa principal por el atentado fue absuelto el ex reducidor de autos Carlos Telleldín, quien fue señalado como el responsable de entregarle la camioneta Trafic a los terroristas que luego la utilizaron como coche bomba, aunque con una apelación de los fiscales a la Corte.
A más de 30 años del atentado, aún no hay condenados por el hecho. Si bien en el expediente se avanzó sobre libaneses que vivían en Paraguay y habrían ayudado a "El Reda" a infiltrarse en el país, desde hace varios años no se presentan novedades en relación con la detención de los autores materiales e intelectuales del crimen.
Fue en 2013 cuando la expresidenta Cristina Kirchner firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán, el cual creaba una "comisión de la verdad" antes de que los iraníes acusados declararan ante el fiscal Alberto Nisman. No obstante, Nisman, denunció en enero de 2015 a la exmandataria y a otros exfuncionarios por encubrimiento, argumentando que solo buscaban que cayeran las alertas de Interpol que impedían que los iraníes viajaran por el mundo.
En caso de que los magistrados decidan usar el nuevo mecanismo procesal en la causa principal del atentado, se complicarían las relaciones con Irán, considerando que altos funcionarios del gobierno de Teherán fueron señalados como autores intelectuales de los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) y ahora podrían ser juzgados en ausencia en Argentina.
El gobierno iraní, por su parte, siempre se negó a extraditar a sus ciudadanos acusados. Mientras tanto, en esta primera etapa la querella solicitará el juicio oral contra:
- Alí Fallahijad, exministro de Inteligencia iraní entre 1989 y1997
- Mohsen Rezai, excomandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica 1980-1997 y actual Secretario del Consejo de Discernimiento de los Altos Intereses del Régimen
- Ahmad Vahidi, excomandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica- Fuerza Quds y Ministro del Interior hasta agosto 2024
- Moshen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada Iraní en Buenos Aires
- Reza Asgaharim, ex tercer secretario de la sede diplomática
Los cinco acusados mencionados en la causa principal poseen alertas rojas de Interpol, las cuales fueron solicitadas por el ex juez Juan José Galeano y que Nisman logró mantener vigentes en 2007.
Alí Akbar Velayati, exministro de Asuntos Exteriores de Irán de 1981 a 1997 y ahora Consejero del Líder Supremo de Irán en política exterior, y Hadi Soleimanpour, ex embajador en Buenos Aires, también serán alcanzados por el pedido de juicio oral.
Desde su lugar, la querella de los familiares también busca enjuiciar a Salman Rauf Salman (Salman El Reda), líder de la Organización de Seguridad Exterior (OSE) del Hezbollah del Líbano y jefe del comando que llevó a cabo el atentado, a Abdallah Salman, hermano de Rauf, y a Alí Ussein Abdallah, quien le facilitó a Rauf el domicilio en Ciudad del Este, Paraguay.
El pedido también incluye a Mounir Hussein Mouzannar, quien facilitó a Rauf un certificado que utilizó para obtener la ciudadanía paraguaya. En paralelo, la querella espera que Abdul Hay Omairi Farouk, quien cooperó con Rauf, sea juzgado en Brasil, tal y como se acordó en función de un convenio bilateral de cooperación penal.
La querella expondrá ante el juez federal que la nueva normativa "introduce modificaciones a nuestro código procesal que son muy claras sobre el punto, estableciendo dos supuestos". El primero, donde el imputado no se presentare o elude los requerimientos de la autoridad judicial, conociendo la existencia del proceso en su contra; y el segundo, donde se hubieran realizado intentos razonables por tenerlo a derecho, con resultado infructuoso.
A su vez, la Ley de Juicio en ausencia sostiene que se realizaron intentos razonables cuando "transcurridos cuatro meses desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional, el imputado no pudo ser hallado" y cuando "el requerimiento de extradición formulado por la República Argentina a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta".
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