A 30 años de la AMIA: un laberinto judicial con incertezas y encubrimiento

La herida sigue tan abierta como hace 30 años y es porque todavía no hay ningún tipo de condena judicial por el mayor ataque que tuvo la Argentina ocurrido el 18 de julio de 1994. Solamente hubo sentencias en los juicios paralelos que hubo a lo largo de tres décadas. Hay, por lo menos, once personas implicadas en la planificación y el financiamiento del ataque, la mayoría iraníes, por lo cual la Justicia siempre apuntó a ese país.

La demanda a la falta de al menos un detenido o condenado tiene que ver con el desconocimiento del paradero de varios de los acusados y con aquellos que Irán tampoco extradita porque las leyes de esa nación no permiten la extradición de alguno de sus ciudadanos cuando la Justicia de otro país lo reclama.

Sobre los prófugos continúan vigentes las órdenes de captura, también conocidas como las “alertas rojas de Interpol”, que en rigor deberían activarse cuando los ciudadanos iraníes sobre quienes pesan dichas órdenes viajan por el mundo, pero no ocurre porque por un lado incide la geopolítica internacional (varios de ellos actualmente son funcionarios) y por el otro, se mueven por países aliados donde no siempre se activan las alertas.

Los juicios. A lo largo de tres décadas hubo dos grandes procesos orales en Comodoro Py. El primer juicio, también conocido como “la conexión local”, tuvo a 22 personas imputadas con el reducidor de autos Carlos Telleldín a la cabeza señalado como el armador de la Trafic empleada como el coche bomba para perpetrar el ataque. A él se sumaron 14 efectivos de la Bonaerense. Telleldín, quien hoy ejerce como abogado, estuvo en prisión preventiva diez años. El Tribunal Oral Número 3 absolvió a todos los imputados incluyendo a Telleldín, quien había manifestado cobrar 400 mil dólares para implicar a los oficiales de la Policía. Esto terminó con la carrera del primer juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, porque posteriormente se probó que fue él quien ordenó el pago de esa suma de dinero.

Con la anulación del primer debate, la Justicia se centró en juzgar a quienes debían investigar el atentado. El juicio por el encubrimiento encabezado por el Tribunal Oral Federal 2 tuvo al expresidente Carlos Menem, quien fue absuelto, más una docena de personas entre parte de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia: Hugo Anzorreguy (condenado), Juan Carlos Anchézar (absuelto) y Patricio Finnen (absuelto). A Galeano, a los fiscales (de la primera causa AMIA) José Barbaccia y Eamon Mullen (condenados), al extitular de la DAIA Rubén Beraja (absuelto); a Jorge “Fino” Palacios (absuelto), exjefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal y nuevamente a Telleldín (condenado), pero esta vez con su por entonces esposa Ana Boragni y su defensor del primer juicio, Víctor Stinfale (absuelto).

Luego, en abril de este año la sala II del máximo tribunal penal del país consideró que en la investigación se desvió la atención para involucrar a los policías y que no tuvieron que ver con el hecho. Se ratificó la responsabilidad del destituido Galeano y los dos fiscales, de Anzorreguy y Finnen por el pago de Galeano a Telleldín con fondos de la central de Inteligencia.

Por otra parte, también está la causa por el memorando con Irán que roza al atentado y que se encuentra en instancia de juicio. Allí se investiga un presunto pacto de impunidad entre la Argentina y el país islámico por los implicados en el ataque. El expediente donde Cristina Kirchner y otros fueron sobreseídos, pero tras una decisión de Casación fue reabierto fundado en el fiscal Alberto Nisman. La exvicepresidenta y varios acusados presentaron apelaciones que tendrán que ser resueltas por el máximo tribunal.

El fallo histórico. Por otro lado, la Cámara de Casación dictó sentencia definitiva por el atentado. Para los jueces, el accionar de República Islámica de Irán “respondió a un designio político y estratégico” y que el brazo ejecutor de todo ello fue la organización terrorista Hezbollah. Para el máximo tribunal penal del país, el ataque a la mutual israelita fue un crimen de “lesa humanidad” y abrieron la posibilidad que la Argentina pueda demandar al Estado Islámico.

La causa abierta. Vale recordar que Galeano tuvo a su cargo la causa principal por nueve años. Tras su destitución y condena, la Corte dejó sin efecto la nulidad de los primeros tramos del expediente en los que actuó y volvió a investigarse en el Juzgado Federal número 6 encabezado por Rodolfo Canicoba Corral, quien tras declarar el hecho como un delito de lesa humanidad (lo cual determina su imprescriptibilidad), delegó la investigación en Nisman, quien en 2006 apuntó contra el gobierno iraní y Hezbollah. El magistrado emitió una orden de captura internacional sobre tres exrepresentantes del cuerpo diplomático iraní en argentina: Mohsen Rabbani, Ahmed Reza Asghari y Hadi Soleimanpour; el exministro de Información y Seguridad de la nación islámica, Alí Fallahijan; el antiguo canciller Alí Akbar Velayati y los comandantes de la guardia revolucionaria y las fuerzas Al Quds Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi todos sospechados de la autoría intelectual del atentado; un año más tarde, esas órdenes de capturas se convirtieron en alertas rojas de Interpol para cinco de ellos que siguen vigentes.

Con la renuncia de Canicoba Corral, uno de lo jueces que ejercieron como subrogante fue Daniel Rafecas, quien en junio del año pasado ordenó la captura internacional de cuatro miembros de Hezbollah de origen sirio libanés: Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Farouk Abdul Hay Omairi y a Abdallah Salman conocido como José El Reda, quien además tiene orden de captura de la Corte por el atentado a la Embajada de Israel. El pedido del magistrado es para indagarlos bajo la sospecha de que los tres primeros, que residirían en la triple frontera, ingresaron al país el explosivo que fue colocado en la Trafic. Finalizado el interinato de Rafecas, el expediente se encuentra desde octubre en manos de Ariel Lijo.